Responsabilidad extracontractual del Estado por actos de vandalismo:

Responsabilidad por los daños materiales causados a terceros como consecuencia de los actos de vandalismo de los estudiantes de las universidades públicas

Alba Marcela Jaimes Reyes, María Victoria Forero Guerrero

• Editorial: Editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC
• Año: 2021
• ISBN:
  9789586605519
• Edición: 1
• Categoría: Law
• Categoría: Law Theory & Practice

Desde hace varias décadas, los actos de vandalismo ejecutadospor estudiantes de las universidades públicas, como mecanismo deprotesta contra el gobierno de turno, ha sido una práctica común, que se fortalece como consecuencia de los límites que enmarcan elejercicio de fuerza por parte del Estado; cuando tiene ocurrenciala manifestación violenta, contraria a la protesta pacífica protegidaconstitucionalmente, acontecen daños tanto en bienes públicoscomo privados, dejando a ciudadanos ajenos a la protesta siendovíctimas de daños en su patrimonio, afectaciones que no tienen laobligación de soportar y que por ende, hace necesario el análisis deldeber de reparación en sede de responsabilidad extracontractual delEstado, determinando el título de imputación que le sería aplicable ylos elementos requeridos para llegar a su configuración.

Parte 1.

El Estado: multiplicidad de personas, una obligación

Uno de los primeros retos del Derecho Administrativo fue el de encontrar en el Estado una persona susceptible de responsabilidad. La ficción que implica su existencia, tan real y tan abstracta al mismo tiempo, conllevó a una primera postura de irresponsabilidad, superada desde el icónico Fallo Blanco emitido por el Tribunal de Conflictos de Francia (1872) y que ha ido in crescendo, en cuanto a un Estado pasible de responsabilidad.

El respeto a los derechos fundamentales y el ejercicio de las libertades individuales y colectivas, han sido unos de los temas más álgidos y conflictivos en la relación Estado–asociado, generadores de acciones violentas de uno y otro lado; por ello se advierte la necesidad de una armonización en la interpretación de las libertades fundamentales y la legitimación de la Administración, en la determinación de límites a las mismas.

En principio, la nación englobaba, como persona jurídica, todo lo relacionado con la responsabilidad estatal; sin embargo, con la disminución de la estructura de lo público, y atendiendo las directrices del Fondo Monetario Internacional, se ha ampliado el espectro de entes dotados de personería jurídica, con atributos que permiten, en caso de reclamación patrimonial, acudir directamente sin necesidad de demandar a la nación.

Por ello, cobra especial importancia para abordar las cuestiones de la responsabilidad del Estado, el tema de la titularidad de las obligaciones o funciones administrativas, para determinar el deber de reparación ante una eventual reclamación judicial; por ello, no puede dejarse de lado una breve contextualización de la organización del Estado desde el punto de vista estructural, en el marco de los derechos constitucionales.

Capítulo 1.
Derecho a la protesta: el Estado garante

Una de las expresiones más importantes dentro del Estado social y democrático de derecho, es la protesta. Dado que el Estado no es un ente estático, sino en constante evolución, formación y adaptación, dentro de ese proceso dinámico es muy importante la retroalimentación que ofrece la expresión del pensamiento crítico de los asociados. Si se tiene en cuenta que la democracia colombiana es de carácter representativo, esa representación solo se hará efectiva en la medida en que se conozcan las verdaderas necesidades de quienes son representados.

La protesta es usualmente un acto colectivo, por lo que usualmente va de la mano del derecho de reunión; sin embargo, puede ocurrir que esta reunión con fines de protesta se torne en actos violentos que afectan el derecho de terceros, que se encuentran por fuera del contexto de personas inconformes, deviniendo en lo que comúnmente se denominan actos de vandalismo.

En Colombia, el derecho a la protesta se encuentra consagrado como derecho de reunión y manifestación, contemplado en el Art. 37 de la Carta Política, formando parte además del bloque de constitucionalidad, en razón a su consagración en instrumentos internacionales.

1.1 Derecho de reunión: manifestación pública de paz

Uno de los derechos fundamentales de mayor ejercicio en las democracias actuales es el de reunión; adquiere gran relevancia en el tema de las libertades porque permite su concreción frente al sistema, posibilitando la expresión del pensamiento crítico en torno a algún tema común dentro de un sector social en particular que, de manera pacífica, procura un cambio en torno a un fenómeno que afecta sus derechos.

1.1.1 Marco constitucional y legal

El Artículo 37 de la Constitución Política de Colombia aborda el derecho fundamental de reunión y manifestación en los siguientes términos: “Art. 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Las limitaciones que pueden aplicarse a este derecho solo pueden provenir de la ley, en virtud de esa facultad genérica dada al legislador en el presente artículo.

En razón del denominado bloque de constitucionalidad resulta adecuado y necesario, aludir en este aparte a la consagración hecha del derecho de reunión en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Comenzando con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), este documento preceptúa en su Artículo 20:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), consagró en su Artículo 15:

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, regula en su Artículo 21:

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Es claro que desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho de reunión se ha considerado como fundamental al ser humano y propio de un régimen democrático. Su primera consagración es simple y clara, es derecho de todas las personas la libertad de reunión dentro de un marco pacífico. El Pacto de San José adiciona un elemento del específico mandato de reunirse sin armas; reconoce, además, la posibilidad de limitarlo por vía de la ley, lo cual es acogido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en iguales términos.

En la Figura 2 se aprecian las consagraciones normativas anteriores se coligen como criterios para fijar límites legales al derecho de reunión.

Figura 2. Criterios para fijar límites legales al derech...

Índice

• Introducción
• Parte 1.
• Capítulo 1. Derecho a la protesta: el Estado garante
• Capítulo 2. El Estado organizado: autonomía de la responsabilidad
• Capítulo 3. Las universidades públicas: entes base del sistema estatal
• Parte 2.
• Capítulo 1. La responsabilidad del Estado: un creciente fenómeno patrimonial
• Capítulo 2. Responsabilidad extracontractual del Estado por actos de vandalismo de los estudiantes de las universidades públicas. ¿Nuevo título de imputación?
• CONCLUSIONES
• Referencias