El fracaso de las élites

Lecciones y escarmientos de la gran crisis

Sanchís, Manuel

• Editorial: Pasado y Presente
• Año: 2021
• ISBN:
  9788494313936
• Categoría: Historia
• Categoría: Teoría y crítica históricas

¿Por qué han fracaso las élites al configurar un diseño racional del euro? ¿Qué intereses financieros, políticos y nacionales, se han interpuesto? ¿Por qué los mercados financieros ganaron la partida al poder político? ¿Qué lecciones y escarmientos debemos sacar de la Gran Crisis? Este libro responde a esas preguntas y a otras más.

SEGUNDA PARTE

LAS CRISIS: ANOMALÍAS DEL SISTEMA MONETARIO EUROPEO Y DEL EURO AL DESCUBIERTO

V

PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA INTEGRACIÓN MONETARIA EUROPEA Y LA CRISIS DEL SME (1986-1993)

Los teóricos del MTC estaban confrontados con el espectáculo de un país con elevada inflación, altos tipos de interés (aunque no lo bastante elevados), un amplio déficit por cuenta corriente y sin constancia de «credibilidad», situado en la parte alta del MTC, apartando del camino con fuerza a los tradicionales gallos del lugar. Ciertamente, se quejaban, tal país debería de situarse en la parte baja del MTC, con su moneda bajo presión a la baja, no al alza, y su banco central tendría que estar interviniendo para apoyar su moneda, no para refrenar su ascenso. Pronto inventaron una etiqueta para este fenómeno, un eslogan para que la gente pudiese empezar a preguntarse si el MTC era realmente un mecanismo defectuoso. «La paradoja del MTC» fue con lo que aparecieron los acólitos del sistema, muchos de ellos sedicentes católicos, una noción reconfortante de significado revelador [Bernard Connolly (1995): The Rotten Heart of Europe. The Dirty War for Europe’s Money. Faber and Faber, Londres, p. 84].

PREPARANDO LA ENTRADA DE LA PESETA EN EL SME

Vimos en el primer capítulo que en toda iniciativa de cooperación monetaria europea se han solapado siempre dos fuerzas motrices. Por una parte, la preocupación por crear un sistema como el de Bretton Woods pero de carácter regional, donde los bancos centrales pudiesen aplicar eficazmente políticas orientadas a la estabilidad. Y, por otra, la inquietud por construir una UEM que fuese más allá de la convergencia nominal y la estabilidad cambiaria y pusiese el énfasis en la convergencia real de las economías y en la coordinación de las políticas macroeconómicas —y no solo monetaria— y de oferta. Mientras que la primera ha reflejado fundamentalmente el punto de vista y la sensibilidad de los Bancos Centrales, la segunda ha recogido el sentir de los Ministerios de Economía.

El informe Delors sobre la UEM en la CEE fue examinado por los ministros de Economía y Finanzas durante el turno de presidencia española de 1989 y tomó en consideración ambas vertientes, pero profundizó sobre todo en aquellos detalles que se referían a la unión monetaria. Históricamente, la integración monetaria europea ha sido un asunto de banqueros centrales más que de funcionarios de los Ministerios de Economía, y eso ha quedado reflejado en las relaciones entre las distintas instituciones. Ello ha sido así porque las experiencias históricas de cooperación monetaria en Europa —tales como la serpiente monetaria o el MTC del SME— han sido el resultado de acuerdos entre bancos centrales de los distintos países.

La Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (actual DG ECFIN, antigua DG II), era en aquellos años la guardia pretoriana del presidente Delors y realizó una labor discreta y callada, pero ayudó de forma eficaz a que los bancos centrales pudiesen avanzar en la construcción monetaria de Europa. Desde mediados de los 80 hasta principios de los 90, la Comisión Europea, bajo la presidencia de Delors, vivió uno de sus períodos de mayor esplendor en términos de propuestas políticas y de avances concretos en la construcción de Europa. Su impulso fue determinante en el ámbito de las relaciones monetarias, cambiarias y financieras —con la libre circulación de capitales y el área financiera integrada—, pero también en otras muchas materias.

En el caso de España, el imparable proceso de innovación y desregulación financieras, el método inflacionista de financiación de los déficit públicos y la participación de la peseta en el SME introdujeron elementos adicionales de inestabilidad en la función de demanda de dinero y redujeron notablemente la autonomía de la política monetaria española. Los servicios de la DG II formularon propuestas concretas con el fin de ayudar a resolver algunos de aquellos dilemas de política económica, y la política monetaria española tomó un carácter más discrecional y fue menos normativa. Durante aquellos años, los funcionarios de la DG II nos encargamos de la preparación de la entrada de la peseta en el SME. Además de diagnosticar la situación económica y financiera de España, país del que era responsable, realicé también aquellas propuestas de medidas macroeconómicas en materia fiscal, de rentas, monetaria y cambiaria que, junto con otros compañeros de la unidad, considerábamos que eran las más adecuadas para resolver los dilemas que planteaba la entrada de la peseta en el SME. La decisión del gobierno González de hacer participar a la peseta en el SME, tomada en un contexto de repunte inflacionista, tuvo una clara intencionalidad política. Además, al ir acompañada de la completa liberalización de los movimientos de capitales en julio de 1990, limitó de forma severa la eficacia de la política monetaria española.

El SME tuvo dos fases bien diferenciadas antes de la entrada de España en la CEE. La primera (1979-1983) fue una fase de aprendizaje dominada por fuertes tasas de inflación, elevados déficit públicos, políticas laxas y devaluaciones. A partir de 1983, sin embargo, las políticas de los países que formaban parte del SME se orientaron hacia la estabilidad cambiaria y, en general, macroeconómica. Se aplicaron políticas de ajuste estructural por el lado de la oferta y políticas restrictivas por el lado de la demanda. En esta segunda etapa cristalizó una suerte de consenso doctrinal en torno a algunas cuestiones económicas básicas tales como el método de financiación monetaria de los déficit públicos, la conveniencia de evitar los topes al crédito interno como método de instrumentación de la política monetaria, etcétera. Estas cuestiones quedaron luego reflejadas en gran parte en el Tratado de Maastricht sobre la UEM.

España había estado ausente en la gestación y posterior desarrollo del proyecto europeo de cooperación monetaria y mantuvo una actitud muy discreta durante las negociaciones de adhesión con respecto a una eventual entrada de la peseta en el SME, tanto por parte del Ministerio de Economía como del Banco de España. El Ministerio de Economía no fue proclive a una pronta participación de la peseta en el SME. Permanecer fuera facilitaría los ajustes en el tipo de cambio real que se iban a derivar del impacto económico de nuestra entrada en la CEE. Aunque se consideró que era necesario preservar este margen de maniobra, ya en aquel momento las autoridades españolas anunciaron que España seguiría probablemente una política «cercana al SME» cuando se integrase en la CEE. A partir de la adhesión en 1986 se multiplicaron las declaraciones. El Ministerio de Economía mantuvo una actitud de prudencia y arguyó que había que esperar dos o tres años más. El Banco de España y la CEOE se manifestaron a favor de la entrada en un espacio de tiempo más breve.

Sin embargo, no fue hasta finales de 1986 cuando el presidente Felipe González se pronunció, por primera vez y total claridad, a favor de una «entrada rápida, o incluso muy rápida, en el SME».[7] Este deseo fue recordado de nuevo por el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, en su discurso ante el Parlamento Europeo de mayo de 1987, donde además de subrayar los requisitos económicos y monetarios necesarios para participar con éxito en el SME, reiteró que la fecha de 1989 era la más apropiada para la integración y subrayó que no existía una fecha oficial de ingreso. Fue una novedad, sin embargo, que condicionase la entrada en el SME «a que se le concediesen a España las condiciones más favorables permitidas a cualquier otro país miembro en cuanto a márgenes de fluctuación» (Rubio 1987, p. 4). Se apostaba, sin nombrarlo, por seguir el patrón italiano, siempre considerado por la CEE como una situación transitoria. Hubo que esperar hasta julio de 1988 para contar con detalles más precisos sobre los márgenes de fluctuación que se barajaban desde la posición española. En los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid de aquel verano, L.A. Rojo, entonces subgobernador del Banco de España, se pronunció a favor de los márgenes más amplios permitidos por el sistema, y no excluyó la entrada de la peseta en el SME si prosperaba la petición italiana de ampliar las bandas del ±2,25% al ±3,5% para todos los países participantes (Sanchis 1989a).

Desde la adhesión de España a la CEE en 1986, los servicios de la Comisión Europea competentes en cuestiones monetarias (actual DG ECFIN) nunca barajaron fechas ni márgenes, ya que se trataba de una decisión estrictamente española, pero siempre fueron favorables a la entrada de la peseta en el SME. Ello fue así a pesar del sesgo deflacionista del SME que economistas europeos y europeístas del calibre de Robert Triffin, entre otros, no se cansaban en denunciar. Por aquellas fechas había un debate abierto entre aquellos economistas favorables al SME, y los que lo criticaban por propiciar un crecimiento lento de las economías que participaban en él. Los países del SME habían estado creciendo por debajo de su producto potencial y en el período de recuperación mundial que empezó en 1983 lo hacían a un ritmo inferior al de las economías que no formaban parte del mismo. Sin embargo, era difícil precisar en qué medida ello era debido al corsé monetario que imponía el SME, o a otras causas.

El ambiente que se respiraba en la DG II era muy favorable a la entrada de la peseta en el SME. Pensábamos que si bien los impulsos económicos que transmitía Alemania eran débiles, el Bundesbank también «exportaba» estabilidad monetaria. Esto aportaba mayor credibilidad para las políticas desinflacionistas y permitiría a España moderar las expectativas inflacionistas y de costes internos y, en definitiva, reducir la ratio de sacrificio, permitiendo políticas económicas rigurosas con una menor pérdida de producto y de puestos de trabajo. Pensábamos que las ganancias en credibilidad permitirían reducir los tipos de interés a corto y largo plazo y, de este modo, facilitarían la financiación a más largo plazo del déficit público y aliviarían el peso del servicio de la deuda.

La DG II era una dirección general de naturaleza conceptual y analítica, y, a través de ella, la Comisión ejercía una influencia moral sobre las políticas económicas de los estados miembros. Elaborábamos documentos de carácter interno, que la Dirección de Asuntos Monetarios enviaba para su discusión al entonces llamado Comité Monetario. Este era entonces el único comité instituido de forma explícita por el TR (artículo 105). Ello le confería un status superior al de cualquier otro y le otorgaba un poder excepcional. En aquel momento estaba compuesto por los directores generales del Tesoro y los subgobernadores de los bancos centrales de los 12 estados miembros. El flujo de documentos que la DG II enviaba al Comité Monetario versaba sobre cuestiones económicas, financieras, de capitales, monetarias y cambiarias. Una parte sustancial de este trabajo recaía en la Unidad de Políticas Monetarias Nacionales y Comunitaria, que era la responsable de elaborar, entre otros, los documentos sobre la situación económica y monetaria en los distintos estados miembros.

Los documentos sufrían un proceso de elaboración laboriosa y detallada y, posteriormente, eran enviados a los superiores jerárquicos para su ulterior consideración y aprobación. Una vez que el primer borrador era aprobado por el director general, se transmitía a las autoridades económicas, Ministerio de Economía y Banco Central, del país objeto de examen. Posteriormente, los funcionarios de la dirección de Asuntos Monetarios, con su director a la cabeza, realizaban una misión al país que era examinado donde se comentaban de nuevo estos informes con las autoridades nacionales, antes de enviarlos para ser discutidos en el Comité Monetario. Al principio, estos documentos eran anónimos y confidenciales y permanecían en la órbita reservada del Comité Monetario aunque, algunas veces, la prensa se hacía eco de ellos. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso del «estudio de país» relativo a España del año 1988, al que contribuí. A partir de 1990, sin embargo, se hicieron públicos y se decidió que figurasen los nombres de sus autores.

Los funcionarios de la DG II estábamos encargados de emitir nuestra opinión, siempre independiente y al servicio de Europa, sobre las medidas de política económica que los estados miembros anunciaban o ponían en práctica. Les dábamos la bienvenida y las aplaudíamos cuando las considerábamos beneficiosas para el proyecto común de construcción de la Europa monetaria. Cuando no era así, informábamos y dábamos nuestra opinión a nuestra superioridad sobre las medidas aplicadas por los estados miembros y proponíamos posibles soluciones alternativas. En ningún momento recibí instrucciones por parte de las autoridades españolas ni mantuve otras lealtades distintas a las que se derivaban de mi trabajo al servicio de la construcción europea.

Los españoles llegamos a la DG II con cuentagotas, y a finales de 1986 éramos solo tres. Creo que mis compañeros españoles de aquellos años coincidirán conmigo si menciono que fuimos bien recibidos en la DG II aunque, eso sí, con una pizca de curiosidad. Como era lógico, nuestros superiores jerárquicos querían informarse convenientemente de quiénes éramos los que desembarcábamos en la aventura europea. Apenas incorporado a mi unidad en septiembre de 1986, Robert Verrue, entonces mi jefe de unidad, me indicó: «en el Banco de España saben muy bien quién es usted». Nunca tuve la impresión de ser percibido por mis compañeros no españoles, o por mi jerarquía en la DG II, como un funcionario extraño a la institución o deudor de lealtades distintas a las de servir fielmente al interés general de Europa.

DIFICULTADES DE CONTROL MONETARIO ANTES DE LA ENTRADA EN EL SME

Los años anteriores a la entrada de la peseta en el SME, la instrumentación de la política monetaria española tuvo que hacer frente a serias dificultades de control debido a factores de orden financiero y macroeconómico. A ello había que añadir la financiación monetaria de los déficit públicos y las restricciones que imponía la política de tipo de cambio que estaba basada en el shadowing del SME.[8] Ya desde 1986, los márgenes de maniobra de la política monetaria se habían reducido sensiblemente como consecuencia de una política de tipo de cambio combinada con la incipiente liberalización de los movimientos de capital. Durante 1986-1987, las autoridades monetarias españolas siguieron de cerca ...

Índice

• Portada
• Índice
• Dediatoria
• Prefacio y agradecimientos
• Primera parte: Los primeros pasos: marco histórico y bases analíticas de la unión monetaria
• Segunda parte: Las crisis: anomalías del sistema monetario europeo y del euro al descubierto
• Tercera parte: Refundar la Europa posnacional: el euro, más que una moneda
• Anejo I. Los mecanismos de estabilidad financiera de Europa
• Anejo II. El MEDE, la solución permanente
• Referencias bibliográficas
• Notas
• Créditos