Los grandes problemas de México.

Instituciones y procesos políticos. T-XIV

Soledad Loaeza, Jean-François Prud'homme

• Editorial: El Colegio de México
• Año: 2010
• ISBN:
  9786074624663
• Categoría: Social Sciences
• Categoría: Sociology

Serie: Los grandes problemas de México. Volumen XIV, el presente volumen se propone registrar algunos de los cambios más significativos que las Instituciones y [los] procesos políticos experimentaron en los últimos treinta años y que permiten hablar de un nuevo sistema político mexicano, así como identificar algunos de los principales retos que enfrenta. El volumen se divide en dos partes: la primera analiza la evolución de las instituciones y de los actores políticos que participaron en la democratización mexicana; la segunda está dedicada a examinar la dinámica de la política en el México de principios de siglo XXI. El análisis que ofrecen los trece capítulos incluidos en esta obra aporta elementos clave para entender la especificidad del cambio político que se produjo durante las tres últimas décadas, así como las características del sistema político de nuestro país, poblado de claroscuros, a doscientos años de su Independencia y a un siglo de distancia de la Revolución, que fue la base del sistema autoritario que llegó a su fin con la democratización.

1. LA METAMORFOSIS DEL ESTADO: DEL JACOBINISMO CENTRALIZADOR A LA FRAGMENTACIÓN DEMOCRÁTICA

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

EL ESTADO COMO ORGANIZADOR DEL PODER POLÍTICO

LA CRISIS DE LA IDEOLOGÍA DEL ESTADO JACOBINO Y EL ASCENSO DEL LIBERALISMO

DEMOCRATIZACIÓN Y FRAGMENTACIÓN

LA APERTURA AL EXTERIOR

CONSIDERACIONES FINALES

REFERENCIAS

1. LA METAMORFOSIS DEL ESTADO: DEL JACOBINISMO CENTRALIZADOR A LA FRAGMENTACIÓN DEMOCRÁTICA

Soledad Loaeza[1]

INTRODUCCIÓN

…si los Estados desaparecen

es porque han perdido la fe en sí mismos.

PRÍNCIPE DE METTERNICH

A finales del siglo XX el Estado inició una prolongada metamorfosis que lo condujo de una forma todavía definida por su origen revolucionario hacia otra, que 30 años después seguía inconclusa, sujeta a las tensiones que generaba el desajuste entre el legado autoritario, la democratización y una relación más intensa con el exterior. Estos tres factores han disminuido las dos atribuciones relativas del Estado que sostuvieron el autoritarismo: la autonomía en relación con los actores políticos internos y la soberanía, su capacidad de decisión en la geopolítica. La consecuente debilidad ha contribuido al quebranto de la cohesión social,[2] pues ha minado la capacidad integradora y la coherencia interna del Estado, y ha desestabilizado sus relaciones con la sociedad.

Al cumplirse la primera década del siglo XXI, el Estado había perdido los rasgos jacobinos que le imprimió la versión original de la Constitución de 1917: la autoridad centralizadora y la capacidad para tomar decisiones de manera unilateral. En esta condición se vino abajo su hegemonía sobre la organización de la sociedad y disminuyó su participación como agente de promoción del crecimiento económico. El disparador inmediato de la contracción de su presencia social fue la dramática crisis financiera que estalló en el verano de 1982, la cual se trasladó inmediatamente a la política y cuyo efecto sobre la capacidad de acción estatal fue magnificado por la erosión de la ideología dominante del autoritarismo, por la aceleración del proceso de descentralización y por la aparición de numerosos actores internos y externos que demandaban —y en muchos casos obtuvieron— participación en el proceso de toma de decisiones de gobierno.

El modelo económico que se implantó a partir de los años noventa debía contrarrestar el deterioro del Estado. El eje de la propuesta reformista del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) era la reducción del intervencionismo estatal, con el argumento de que así se fortalecería el Estado. Sus principales estrategias fueron: la redefinición del intervencionismo, la liberalización de los mercados, la privatización de empresas públicas, la instalación de la gobernanza como una estrategia de gobierno y la internacionalización de la economía. Estas medidas se convirtieron en políticas de largo plazo que los sucesores de Salinas de Gortari profundizaron, pero no contribuyeron a reconstruir la autoridad estatal; más bien pusieron fin a la pretensión de dirigir a la sociedad que había sido característica del Estado autoritario.

Las reformas del gobierno de Salinas fueron una respuesta al problema de la debilidad del Estado que desde los años ochenta se impuso como un tema recurrente en el debate público y en las agendas de sucesivos gobiernos y de los partidos políticos. Entre 1982 y 2009 las áreas administrativa, económica, política, social y judicial de organización del Estado sufrieron importantes modificaciones —en ese periodo se introdujeron alrededor de 267 reformas constitucionales—, aunque hubo diferencias de énfasis en cada gobierno (Valencia Escamilla, 2008). El objetivo enunciado de estos cambios era, según Salinas, primero, y el presidente Ernesto Zedillo, después, modernizar y fortalecer el Estado, en tanto que Vicente Fox se propuso afianzar sus fundamentos democráticos. No obstante, los conflictos políticos de principios del siglo XXI sugieren que estos esfuerzos fueron fallidos, si se miden sus resultados en términos de la capacidad del Estado para movilizar apoyo social a sus decisiones, para generar consensos o para promover la adhesión al sistema político. Las encuestas de Latinobarómetro muestran, por ejemplo, que la sociedad mexicana de principios del siglo XXI se caracteriza por un creciente desapego de las instituciones políticas que la gobiernan y por la pérdida de la capacidad del Estado para organizar los recursos políticos de la sociedad.[3] Esta limitación ha hecho del pluralismo, fragmentación.

La cohesión social siempre fue frágil en México, pero en el contexto institucional que se formó en las tres últimas décadas, el Estado ha perdido los recursos que en el pasado le permitían cumplir sus funciones originales de identificación, articulación y representación de los intereses colectivos; de manera que ha sido desplazado de su posición central en los equilibrios políticos por una constelación de intereses particulares representados por empresas privadas, nacionales e internacionales, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. Peor aún, los cambios no han corregido los desequilibrios de una sociedad en la que la pobreza y la desigualdad impiden el desarrollo de vínculos de solidaridad y corroen el sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional. Esta fragmentación social representa uno de los grandes desafíos por enfrentar en el siglo XXI y es un poderoso escollo a la reconstrucción de la autoridad estatal, porque provoca un importante potencial de inestabilidad y conflicto.

Para explicar el fracaso de la reconstrucción de la autoridad estatal algunos autores apuntan hacia el carácter autoritario de las reformas introducidas por los tres últimos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) —entre 1982 y 2000— o se refieren a la incapacidad de los gobiernos divididos que se formaron durante los mandatos de Vicente Fox (2000-2006) y de Felipe Calderón (2006-2012) para generar los consensos que demanda el éxito de las reformas (Valencia Escamilla, 2008).[4] Estas explicaciones tienen un alcance limitado, pues se fundan en un argumento circular: la incapacidad para construir consensos deriva de la ausencia de consensos.

Aquí se propone una respuesta alternativa, que busca las causas de esta limitación en la crisis del nacionalismo como sustento ideológico del Estado, en la dispersión de los recursos políticos de la sociedad característica del México democratizado y, por último, incorpora al análisis el efecto de la internacionalización de la economía y de la política sobre la soberanía del Estado y, por ende, sobre su capacidad de recuperación. Este proceso —que se justificó como la inevitable y deseable inserción del país en la globalización— tuvo consecuencias negativas para los propósitos de reconstrucción de la autoridad estatal, porque se aceleró en los años noventa, justo cuando el Estado mexicano se encontraba en una situación de profunda debilidad que no le permitió orientar o acompasar esa inserción según sus propios objetivos. Esta debilidad se derivaba de una frágil recuperación que se vino abajo por el impacto de la crisis financiera de diciembre de 1994 que devastó la economía nacional y sus perspectivas a mediano plazo. Las condiciones adversas coincidieron con la formación de un nuevo orden internacional, impulsada por el colapso de la Unión Soviética y por el ascenso de Estados Unidos a la posición de única superpotencia. En estas circunstancias, la apertura de México al exterior se resolvió en la integración al poderoso e irresistible vecino del norte. Esta evolución es el mayor obstáculo para el fortalecimiento del Estado mexicano: ha disminuido considerablemente su capacidad de decisión soberana, así como su margen de autonomía en relación con actores internos. También tuvo un efecto disruptivo sobre sus vínculos con la sociedad y, por lo mismo, sobre la posibilidad de lograr consensos.

Para desarrollar esta hipótesis aquí se propone examinar el paso del jacobinismo estatal a la fragmentación democrática, con base en la teoría de las fuentes de poder social de Michael Mann (1993). Para este autor el Estado es el organizador de los recursos políticos de la sociedad mediante redes de interacción que lo vinculan con las élites y con la sociedad civil. Esta perspectiva permite explicar la transición del Estado autoritario como un problema institucional, pero también como un proceso de reorganización de las relaciones entre el Estado y la sociedad. En este terreno se juegan la profundidad y el futuro de los cambios, la estabilidad de largo plazo de esas relaciones y las perspectivas de recuperación de la autonomía estatal y de la soberanía.

Mann distingue dos dimensiones del poder estatal: infraestructural y despótico. La primera se refiere a la capacidad del Estado para incrustarse en la sociedad; la segunda, a las redes que lo ligan con las élites. En México ambas dimensiones se vieron afectadas por dos graves crisis financieras y económicas (1982 y 1994) y por las reformas institucionales de las tres últimas décadas, porque unas y otras alteraron las articulaciones y el patrón de relaciones entre el Estado y las élites, y entre el Estado y la sociedad civil.

Con base en la teoría de Mann podría decirse que, en México, el Estado posee hoy día un poder infraestructural más limitado que aquel del que disponía en el régimen autoritario, pues las reformas de los años noventa le arrebataron dos de los soportes principales de sus vínculos con la sociedad: por una parte, la adopción del modelo económico liberal minó el nacionalismo en que se apoyaba la autoridad estatal; por la otra, la democratización erosionó el poder del PRI. La reconstrucción del poder despótico del Estado lleva el sello de la fragilidad, aun cuando le permite imponer decisiones a la sociedad, pues la ampliación y diversificación de las redes de interacción entre élites más que fortalecerlo lo mantienen como un centro más de poder político que, en lugar de armonizar o coordinar los intereses de esas mismas élites, se somete al equilibrio que crea la relación entre actores desiguales, representantes de intereses particulares, llámense organizaciones empresariales, partidos, sindicatos o gobiernos extranjeros.

La primera parte de este capítulo es una breve exposición de los elementos conceptuales que se utilizarán para discutir la transición del Estado ocurrida a partir de 1982 y una rápida presentación de los legados autoritarios que limitan el poder estatal. Después se examinan tres aspectos de la metamorfosis del Estado: primero, la crisis de la ideología que sostuvo al Estado jacobino; luego se discute la fórmula a la que se recurrió en los años ochenta para reconstruir las redes interelitistas y los equilibrios que derivaron de esta reconstrucción; y, por último, se explora el resultado de la nueva vinculación con el mundo exterior sobre la coherencia del Estado y su capacidad de decisión. A partir de esta discusión se hace una reflexión a propósito de cuáles pueden ser las bases del poder estatal en el siglo XXI.

EL ESTADO COMO ORGANIZADOR DEL PODER POLÍTICO

Para Michael Mann la sociedad es un conjunto organizado de redes, que se forman con base en cuatro diferentes tipos de poder social: económico, ideológico, militar y político. A partir de estas fuentes de poder social se organizan redes de relaciones que se cruzan y sobreponen unas a otras, con diferentes alcances, dinámicas y consecuencias; e...

Índice

• PORTADA
• PORTADILLAS Y PÁGINA LEGAL
• CONTENIDO GENERAL
• PRESENTACIÓN
• INTRODUCCIÓN GENERAL
• PRIMERA PARTE
• 1. LA METAMORFOSIS DEL ESTADO: DEL JACOBINISMO CENTRALIZADOR A LA FRAGMENTACIÓN DEMOCRÁTICA
• 2. EL ESTADO MEXICANO: ¿DE LA INTERVENCIÓN A LA REGULACIÓN?
• 3. EL SISTEMA DE PARTIDOS
• 4. LA ECONOMÍA POLÍTICA DE UN CRECIMIENTO MEDIOCRE
• 5. LAS ORGANIZACIONES CIVILES: FORMACIÓN Y CAMBIO
• 6. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL RÉGIMEN POLÍTICO
• SEGUNDA PARTE
• 7. LOS FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN PÚBLICA
• 8. EL ESCÁNDALO INTERMINABLE. APUNTES SOBRE EL SISTEMA DE OPINIÓN PÚBLICA
• 9. DE LA CONDUCCIÓN GUBERNAMENTAL AL CONTROL PARLAMENTARIO: 30 AÑOS DE REFORMAS ELECTORALES
• 10. DE LA HEGEMONÍA AL PLURALISMO: ELECCIONES PRESIDENCIALES Y COMPORTAMIENTO ELECTORAL, 1976-2006
• 11. HACIA UN NUEVO EQUILIBRIO EN LA RELACIÓN DE LOS PODERES
• 12. NUEVO FEDERALISMO, NUEVOS CONFLICTOS
• 13. LAS TRANSFIGURACIONES DE LA IDENTIDAD NACIONAL
• COLOFÓN
• CONTRAPORTADA