La competitividad de la región centro del estado de Guanajuato y valoración de su capital territorial

Susana Suárez Paniagua, Arlene Iskra García Vázquez, Verónica Rocío Zúñiga del Arrieta

• Editorial: Bonilla Artigas Editores
• Año: 2021
• ISBN:
  9786078781768
• Edición: 1
• Categoría: Política y relaciones internacionales
• Categoría: Política agrícola pública

Esta obra aborda el tema de la competitividad desde una perspectiva territorial, primero descubre el estado del arte y sistematiza los enfoques y criterios que se emplean en el análisis de la competitividad, principalmente desde la visión del desarrollo territorial. De igual forma, el texto profundiza sobre el enfoque de capital territorial y el papel que cumple en el logro de la competitividad, elemento que explica en buena medida el posicionamiento y desempeño de los territorios en términos de sus activos físicos e intangibles. Luego, tomando como punto de partida la importancia del capital territorial para la competitividad, se abordan sus distintos componentes que expresan las variadas dimensiones de los territorios, a saber: económica, social, cultural, medio ambiente y político-institucional. A continuación, se muestra el capital territorial con el que cuenta la región centro del Estado de Guanajuato, se presenta un desglose de los componentes del capital territorial, con una desegregación de indicadores a escala municipal y se realiza un análisis de éste capital que devela las capacidades diferenciales de dichos componentes y cómo influyen en las condiciones de capital territorial de los municipios estudiados. En suma, la obra permite comprender los factores que inciden en el desempeño de los territorios y sus capacidades competitivas en un mundo globalizado.

Capital territorial y competitividad político-institucional

Componentes político-institucionales del capital territorial

Para abordar los componentes político-institucionales del capital territorial, su identificación en la región de estudio, así como su uso y valoración, para impulsar un proceso de desarrollo territorial en esta zona, primero es preciso identificar cuáles son estos componentes y qué se entiende por ellos, para luego proceder a su análisis. Desde nuestro punto de vista, los componentes de la dimensión político-institucional de un territorio determinado son: 1. Instituciones y Gobernación, 2. Estado de Derecho, orden público y seguridad, 3. Marco Legal y Normativo, 4. Diseño, Ejecución y Evaluación de Política Pública, 5. Calidad de un Gobierno y 6. Gobierno Abierto.

Por Instituciones, se comprende al

conjunto de reglas que articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los grupos sociales. Las instituciones son construcciones históricas que, a lo largo de su evolución (origen, estabilización y cambio) […] en cada país asumen características peculiares, de acuerdo con los rasgos estructurales dominantes […], y por supuesto es importante la influencia de los valores, tradiciones culturales y religiosas y, en general, de las convenciones existentes (Ayala, citado por Ramírez y Zamora, 2008, p. 103).

En lo que se refiere a la Gobernación, concepto ligado a las instituciones, se concibe a la acción o resultado de gobernar, es decir, el dirigir un país o colectividad política. Más adelante profundizamos en los nuevos enfoques para llevar a cabo el proceso de gobernar, como el de gobernanza y nueva gestión pública (:NGP).

En cuanto al Estado de Derecho, que constituye un componente relevante, se comprende

un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal. Organización de las Naciones Unidas (:ONU, 2004, p. 5).

En lo que se refiere al Orden público y la Seguridad, se entiende que es la protección libre del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, la protección de personas y bienes frente a situaciones de peligro, y como la competencia del Estado para garantizar el Estado Social y de Derecho y la paz social.

Otro componente fundamental es el del Marco Legal y Normativo, por el primero se comprende al conjunto de normas jurídicas que se establecen en la ley y tiene un carácter general, mientras que por el segundo se entiende a las normas o reglas específicas para realizar y atender un proceso, en suma, son el conjunto de leyes, normas, reglamentos, estatutos, decretos, lineamientos y sistemas en los que se fundamenta el actuar del gobierno.

Además, tenemos al componente Diseño, ejecución y evaluación de política pública, por política pública se entiende al

conjunto de acciones estructuradas, estables, sistemáticas, que representan el modo en el que el gobierno realiza de manera permanente y estable las funciones públicas y atiende los problemas públicos: un patrón de actuación. Dicho de otra manera, lo específico y peculiar de la política pública consiste en ser un conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la realización de un objetivo de interés/beneficio público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente (Aguilar, 2010, p. 29).

De acuerdo con Aguilar, la política pública es la actividad que integra varias dimensiones políticas, legales, financieras y administrativas del gobernar; el diseño, ejecución y evaluación de la política pública, implica el reconocer las demandas de la sociedad, elaborar los objetivos, seleccionar las acciones y las formas de organización para lograr los objetivos establecidos, así como calcular los recursos públicos que se requieren para ejecutar las acciones y alcanzar los resultados esperados, de tal manera que la política pública vincula poderes públicos, actores políticos y sociales, leyes, recursos financieros y procesos administrativos (Ibidem, p. 30).

Es importante señalar que la política pública, en realidad es concebida como un proceso integrado por varios pasos, interdependientes y encadenados que van desde la recopilación de información, el análisis, el diseño, el cálculo hasta las acciones políticas de discusión, negociación, acuerdos, que llevan a la toma de decisiones del gobierno y posteriormente a su ejecución y evaluación.

Un distinto componente es el de Calidad de un Gobierno, la cual radica

en la interacción entre arquitectura institucional y prácticas de gestión, así como en la coherencia que existe entre estos dos elementos y que redundaría posteriormente –y sólo como consecuencia– en la acción eficaz del gobierno para la producción de bienes y servicios para la ciudadanía (Cejudo, 2009, p. 8).

Por último, tenemos al componente de Gobierno Abierto, el cual se define como aquel gobierno que se apega a los siguientes principios: aquel gobierno que se apega a los siguientes principios:

a) Transparencia y Acceso a la Información. Debe ser fácil el acceso a la información para la ciudadanía sobre las decisiones y el quehacer gubernamental. Los datos deben estar disponibles en formato bruto, susceptibles de ser procesados.

b) Participación Ciudadana. El gobierno debe promover y conseguir que la ciudadanía se interese e involucre en el debate público, que realmente se construya un proceso de gobernanza.

c) Rendición de Cuentas. El gobierno debe contar con normativas, procedimientos y mecanismos que den cuenta de las acciones de los servidores públicos, que asuman su responsabilidad por sus actos u omisiones.

d) Innovación y Tecnología: El gobierno debe proveer a la ciudadanía acceso irrestricto a la tecnología e incrementar la capacidad de los ciudadanos para usar las nuevas tecnologías. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018, p. 21).

No cabe duda, de que el contar con estos componentes, su fortalecimiento y valoración por los actores locales constituye una condición imprescindible para el despliegue de políticas que adopten una perspectiva territorial del desarrollo, es decir, que los territorios deben contar con instituciones políticas que sean sólidas, estables y con capacidades para lograr la implementación de políticas eficaces y eficientes que logren resolver las necesidades de las poblaciones locales con una visión de desarrollo de sus territorios de manera multisectorial y multidimensional. Al mismo tiempo, los territorios deben contar con la participación de instituciones privadas representativas, así como con una amplia participación de grupos de intereses económicos y sociales distintos, lo cual requiere que se cuente con medios y procesos que posibiliten esta participación, entre ellos asociaciones público-privadas, participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas y proyectos.

Para proceder a la identificación y análisis de estos componentes político-institucionales en la región, antes es necesario explicar los cambios que se han producido en las formas de gobernar que han tenido lugar en todos los países en las últimas décadas, para posteriormente presentar un breve resumen de lo que ha ocurrido con el gobierno de México a nivel nacional y luego centrarnos en el gobierno del estado de Guanajuato.

Durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo :XX, los gobiernos en sus distintas formas (asistenciales, desarrolladores, socialistas, de bienestar) enfrentaron serios problemas para demostrar que eran eficientes para gobernar y para impulsar procesos sostenidos de desarrollo, como lo sostiene Luis. F. Aguilar (2007). Una de las principales causas de este fenómeno, es la liberalización de las economías, que implicaba políticas de ajuste estructural que incluyeron la privatización de empresas públicas y desregulaciones económicas, que llevaron a que los gobiernos perdieran poderes, capacidades, facultades y alcances, especialmente en el campo fundamental de la política económica; es decir, que la globalización ha hecho perder a los gobiernos su capacidad de conducir el crecimiento económico de sus territorios, al reducir su intervención de las decisiones económicas trascendentales. Esto condujo a que se convirtiera en prioritario el tema de la capacidad y eficiencia directiva de los gobiernos, a la pregunta ¿ los gobiernos poseen la capacidad de conducir a sus sociedades a una situación de bienestar o no?, y a preguntarse ¿cuáles son las condiciones que harían posible que los gobiernos tengan una aptitud de gobernar?

El contestar a dichas preguntas llevaron a nuevos planteamientos, especialmente a proponer que era necesario enfocarse en el proceso de gobernar más que en el gobierno mismo y a formular el enfoque de gobernanza, el cual establece un cambio en el proceso de gobierno, en el que ya no es suficiente la sola acción directiva del gobierno, sino también requiere la participación de diversos actores del territorio en el proceso directivo, es decir, decreta una nueva relación gobierno-sociedad, que se finca en una nueva forma de gobernar asociada e interdependiente entre organizaciones gubernamentales, organizaciones privadas y organizaciones de la sociedad civil.

De tal manera que la gobernanza refiere a un proceso de gobernación, mediante el cual los diferentes actores sociales definen sus objetivos de interés social y las formas de coordinación de sus acciones y productos, con otras palabras, la gobernanza se refiere al proceso social de definición del sentido de dirección y de la capacidad de dirección de una sociedad” (Aguilar, 2007, p. 19).

De acuerdo con el enfoque de gobernanza:

En las actuales condiciones, el gobierno es un agente legítimo y necesario de la sociedad, pero sus ideas, acciones y recursos son insuficientes para definir por sí mismo los futuros de interés social y sobre todo para realizarlos, dado que los problemas y desafíos que la sociedad enfrenta actualmente y ha de resolver para preservar o mejorar sus niveles de integración, seguridad y calidad de vida rebasan por su magnitud, complejidad y dinámica las capacidades de respuesta que el gobierno posee (así como las capacidades de cualquier actor social) (Aguilar, 2007, p. 17).

Si bien se enfatiza en la necesaria participación de los diversos actores sociales en la dirección de la sociedad, ello no significa que se desestime el papel del gobierno en la conducción de la sociedad, se le sigue considerando un actor relevante en el proceso de dirección de la sociedad, en su desempeño como coordinador, negociador, conciliador, en el logro del crec...

Índice

• 1ª de forros
• Portadilla y página legal
• Contenido
• Introducción
• Globalización y competitividad de los territorios
• Desarrollo, competitividad y capital territorial
• Región centro del estado de Guanajuato y desafíos para su competitividad
• Capital territorial y competitividad económica
• Capital territorial y competitividad social
• Capital cultural y competitividad territorial
• Capital territorial y competitividad medioambiental
• Capital territorial y competitividad político-institucional
• Epílogo
• Estrategias para el aprovechamiento del capital territorial e impulso a la competitividad
• Referencias bibliográficas
• Sobre las coordinadoras
• Colofón
• 4ª de forros