¿Qué pasa con la educación?

Preguntas (y respuestas) más frecuentes

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• Editorial: El Viejo Topo
• Año: 2013
• ISBN:
  9788415216599
• Categoría: Pedagogía
• Categoría: Política educativa

¿Es la crisis una excusa para el desmantelamiento de la escuela pública? ¿Es cierto que nuestro alumnado está mal preparado? ¿Es cierto que nuestras escuelas no funcionan? ¿Es cierto que nuestros jóvenes no se esfuerzan? ¿Es cierto que abandonan prematuramente los estudios? ¿Es cierto que hay que cambiar las leyes educativas para mejorar la educación? ¿Es cierto que nuestro profesorado está mal preparado? ¿Es cierto que tenemos un gran fracaso escolar? ¿Falta disciplina en las aulas? ¿Los padres son culpables de no educar bien a sus hijos e hijas? Contestar algunas de estas preguntas es lo que se pretende con este pequeño libro.Rosa Cañadell es Licenciada en Psicología y Magisterio. Ha ejercido como profesora de secundaria durante más de veinte años y cuatro como directora de Instituto. Actualmente es delegada sindical y portavoz de USTEC·STEs (IAC). Ha publicado numerosos artículos en diversos medios, tanto nacionales como internacionales: Cuadernos de Pedagogía, Perspectiva escolar, El Viejo Topo, Público, El Periódico, eldebat.cat, eldirario.es, Docència, Rebelion.org, Universidade e Sociedade, Latin American Perspective y otros. Es coautora de diversos libros, el último de ellos Educación pública: de tod@s para tod@s. Es coautora del documental "Educar es la mejor forma de luchar" sobre la educación en el MST de Brasil. Ha impartido diversas conferencias y ha colaborado en el Máster "Cooperación y Desarrollo" de la UB. Activista social en defensa de la educación pública y vinculada a diversos movimientos sociales, forma parte de Socialismo21 y del Comité de apoyo al MST de Barcelona.

La situación actual

El momento actual es uno de los más difíciles de nuestra historia democrática. A las deficiencias que ya arrastrábamos en la educación, hay que añadir las consecuencias de la actual situación política y económica, que hacen muy difícil que se pueda mejorar.

Estamos en una situación totalmente distinta de la que se dio en los años posteriores a la transición. Con la recién estrenada democracia, se construyó una educación pública con la participación activa del profesorado, y con el estí-mulo y el apoyo de los poderes públicos. Una escuela pública que tuvo como reto la igualdad de oportunidades, la democratización de los centros y las buenas prácticas profesionales.

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Ello dio sus frutos y, por primera vez en mucho tiempo, las clases populares accedieron a la uni versidad.

Poco a poco fuimos construyendo un modelo de escuela pública basado en la idea de que la educación es un derecho universal y un bien público, que la Administración tiene el deber de garantizar en condiciones de calidad y de igualdad. Un modelo que considera que la educación es un factor de desarrollo personal, de emancipación social y una de las herramientas para hacer posible una sociedad cohesionada, inclusiva y justa. Este modelo centra su preocupación en buscar los contenidos, valores y metodologías que mejor pueden ayudar a una educación global y que puedan compensar el desigual capital cultural y social con el que el alumnado llega a la escuela. Por este modelo lu chamos durante la transición y habíamos avanzado mucho.

Pero llegaron los vientos neoliberales que todo lo impregnaron y nuestros gobiernos, central y autonómicos, cambiaron el paradigma e impu-

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sieron un nuevo modelo: el que se deriva de la progresiva imposición del neoliberalismo a es-cala mundial, y que viene avalado por las direc-trices de los organismos supra-nacionales, co mo el Banco Mundial, el FMI, la OMC y la UE. Este modelo parte de la base de que la educación es un bien individual y su valor es básicamente económico y, por lo tanto, debe estar sujeto a las leyes del mercado como cualquier otra mercancía. La educación, así entendida, pasa a estar al servicio de la economía en su doble vertiente: por un lado, debe ser “adap-tada” a las necesidades de las empresas y del mundo laboral y, por otro, debe ser “rentable”, o sea gestionada con criterios empresariales y ser susceptible de negocio privado. Este modelo educativo no considera ya que es el Estado el que garantiza el derecho a la cultura y a la formación, sino que son los individuos los que deben “invertir” en educación, con lo que los

“educandos” o sus familias, se convierten en los nuevos “clientes”, con derecho a elegir y a exi gir resultados satisfactorios que rentabilicen su “inversión”. Y los educadores, a su vez, pa -

san a ser meros trabajadores al servicio de las

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demandas del mercado, que se limitan a implementar currículos y metodologías que los “ex-pertos” decidieron y que los nuevos gestores de los centros educativos llevan a la práctica de forma “eficaz”: más resultados con menos recursos.

La crisis ha sido la excusa perfecta para implementar este modelo. Con el argumento de la falta de dinero público, lo que se está haciendo es desmantelar progresivamente el modelo de educación pública que tanto costó construir después de 40 años de dictadura y de abandono educativo por parte del estado. Pero, como ya han señalado innumerables voces, la imposibilidad de financiación de una enseñanza de calidad no es real. El dinero existe y el problema es cómo se recauda y cómo se utiliza.

Así pues, como se viene denunciando, de lo que se trata es de cómo se afronta esta crisis y cómo se sale de ella, lo cual es una opción polí tica y no un imponderable caído del cielo. Las medidas que se vienen aplicando, desde el inicio de esta crisis, no sirven para salir de ella, pero sí son ideales para desmantelar todos los servi-

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cios públicos, extorsionar a los trabajadores y a las clases menos favorecidas y aumentar la tasa de ganancia del capital.

Pero, además, esta estrategia neoliberal no tra -

ta sólo de disminuir el dinero público destina -

do a sanidad, educación, servicios sociales, etc.

sino que responde, también, a otros objetivos que forman parte igualmente de la doctrina neo liberal, como es el desmantelamiento de nuestro incipiente estado del bienestar y la privatización de todos los servicios públicos.

En este sentido los laboratorios de ideas finan-ciados por entramados financieros, empresariales e instituciones políticas contemplan los servicios públicos como un obstáculo para sus intereses. Cualquier instrumento susceptible de compensar desigualdades, que sea gratuito, universal, con garantías laborales y que resulte, a la vez, fuente de ocupación pública es acusa -

do, contra toda evidencia, de poco productivo, oneroso, escasamente dinámico y ob soleto. A lo largo de las últimas décadas, los diversos lob-bies empresariales no han cesado de atacarlo y

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difundir propaganda negativa frente a la pre-tendida “eficiencia, eficacia y productividad”

del sector privado. Esta creencia, vehiculada a menudo mediante medios de comunicación controlados por el empresariado o las funda-ciones privadas, ha influido a menudo en la opinión pública y ha preparado el terreno para atacar, debilitar y, finalmente, propiciar el desmantelamiento del sector público.

Aparte de ello, nuestro sistema educativo venía ya sufriendo muchas críticas y un gran despres-tigio. A una endémica falta de financiación suficiente hay que añadir cambios constantes, con 7 leyes educativas en 33 años, lo que ha im-posibilitado poder asentar los cambios y mejorar las prácticas. La educación necesita calma y tiempo. Tiempo para asentar, modificar y adaptar los cambios, tiempo para reflexionar sobre las prácticas en el aula, tiempo para inno -

var e investigar... pero el profesorado cada vez tiene menos tiempo para nada de todo esto, acuciado por los cambios constantes y la dis -

mi nución de recursos.

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Por otro lado, la sociedad en general ha espe-rado de la escuela la solución a todos los males que la misma sociedad no sabía encauzar: la violencia, la educación viaria, el racismo, el respeto por el medio ambiente, la disciplina, y un largo etcétera. Pero, a cambio, no ha ofrecido todo lo que la docencia necesita, ni recursos ni valoración social. A pesar de que el profesorado de la enseñanza pública continúa siendo uno de los colectivos mejor valorados –un 88% de la ciudadanía aprueba su trabajo, sólo por debajo de los médicos y los científicos y muy por encima de políticos y banqueros–, la educación pública ha sido reiteradamente criticada y des-valorizada.

Una de las críticas más comunes ha recaído en los resultados escolares de nuestros alumnos y alumnas, sobre todo cuando se han comparado con otros países. A pesar de que las diferencias se han magnificado, es cierto que tenemos un grave problema, pero no tanto en términos generales, sino en la gran polarización de estos resultados. Así, mientras un 40% de los jóvenes de 30 a 34 años tiene estudios superiores (por

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encima de la media europea, un 34,6%), un 26,5% no tiene ningún estudio post-obligatorio (el doble de la media europea, un 13,5%), lo cual convierte a nuestro sistema educativo en uno de los más desiguales de la UE. Nuestro gran reto, pues, es la mejora de la equidad educativa para conseguir que los/las jóvenes no abandonen tempranamente la educación y completen, como mínimo, estudios postobli-gatorios.

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¿Cómo funciona nuestro

sistema educativo?

La doble o triple red

En nuestro país hay tres tipos de centros educativos, o de redes educativas: la pública, la privada-concertada y la privada. En la actuali-dad, cerca del 70 por ciento de los alumnos españoles acude a la escuela pública, en torno a un 25 por ciento a la escuela privada-concertada y el resto, un 5%, a escuelas privadas no concertadas.

La distribución por comunidades no es homo-génea. El País Vasco, con un 56 por ciento de alumnos, seguido por Cataluña y Navarra con un 40 por ciento, son las comunidades con ma -

yor porcentaje de estudiantes en centros privados-concertados. En Madrid la presencia de

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alumnos en centros concertados es del 34 por ciento y en la ciudad de Barcelona supera el 60%1. Los centros privados concertados son una excepción dentro de Europa, en la mayoría de países no llegan siquiera al 4 o 5%.

Los centros privados tienen un patrono, funcionan con el dinero de los padres y madres y no están bajo el control directo de las administraciones.

Los centros privados representan un porcentaje muy pequeño en nuestro sistema educativo. Su existencia está garantizada por la Constitución que declara que los padres y madres tienen derecho a elegir el tipo de educación que prefieran. Como la educación es muy cara, los centros privados son, casi siempre, centros en los que est...

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