Fidelidad, guerra y castigo

Las instituciones valencianas entre Felipe V de Borbón y Carlos II de Habsburgo

Sergio Villamarín Gómez

• Editorial: Publicacions de la Universitat de València
• Año: 2017
• ISBN:
  9788491340454
• Edición: 1
• Categoría: Law
• Categoría: Legal History

La Guerra de Sucesión supuso para el reino valenciano encadenar dos legitimidades diferentes 'austríaca y borbónica' en un brevísimo espacio de tiempo, que finalizará en la revolución jurídica, institucional y política del proceso de Nueva Planta impuesto a fuego tras la victoria de Felipe V. Estas páginas examinan el tránsito, desde la aceptación del testamento de Carlos II a los primeros pasos de la reforma borbónica, de algunas de las principales instituciones valencianas desde dos perspectivas diferentes, la de reino, encarnada por Generalitat y Ayuntamiento de Valencia, y la del rey, representada por la Audiencia. Desde el punto de vista regnícola, esta aproximación nos permite entender el despiadado tratamiento que sufrieron finalmente estas instituciones. Desde el de la administración del rey, conocer sus preocupaciones y actuaciones permite calibrar su influencia en el proceso.

SEGUNDA PARTE
EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

1. EL PRIMER AYUNTAMIENTO BORBÓNICO

1. LOS ÚLTIMOS AÑOS DE CARLOS II. LA LLEGADA DE FELIPE V

1.1 Enfermedad, muerte y testamento de Carlos II

Octubre de 1701 fue testigo de la preocupación institucional por la maltrecha salud de Carlos II. Desde el gobierno municipal¹ se acordó la celebración de rogativas por la salud del monarca, durante los días 5, 6 y 8 de dicho mes. El día 4 de octubre, enviaron sendas misivas al conde de Aguilar y a Tomás Torres, abogado del consistorio en Madrid, para recabar más exacto conocimiento sobre la salud del rey. Al día siguiente, nombraron comisionados para que en junta de estamentos agilizasen nuevas vías de comunicación, autorizándoles a enviar correos y conocer de cualquier asunto relacionado.² Sus desvelos tuvieron, en principio, un feliz desenlace. El día 9 de octubre llegó un correo informando de una mejoría en la salud de Carlos II, motivo de general alegría y alborozo.³

En medio del fervor popular desatado por la noticia, se comprende mejor la celebración de un Consell General con la única misión de considerar la mejor manera de expresar el afecto profesado al monarca.⁴ Pero el gozo no se iba a prolongar demasiado, pues la salud de Carlos II era todavía muy frágil. En reunión mantenida el 3 de noviembre se hicieron eco de una misiva de 30 de octubre, que comunicaba el nombramiento del cardenal Portocarrero como gobernador de la monarquía a consecuencia de una severa recaída. La gravedad de las circunstancias forzó al consistorio a elevar su papel y actuando en nombre del brazo real,⁵ ratificó en sus facultades a Crisógono Almella, Félix Cebriá, Juan Bautista Falcó y Vicente Esquerdo para que con el racional y el síndico, y junto a los demás electos, resolviesen lo que considerasen conveniente. A continuación, los jurados, ahora en nombre de la ciudad, redactaron una carta dirigida al monarca señalando que en lo referente al nombramiento de Portocarrero «… practicarem la sega obediència que sempre havem profesat y profesarem a V.M…».⁶ Con esta respuesta los jurados valencianos avanzaban su neutralidad respecto a la cuestión sucesoria, pues era de todos conocida la innegable filiación francesa del prelado lo que posiblemente sirvió de base a los reparos de la ciudad de Barcelona a la medida.⁷

La «ciega obediencia» fue puesta a prueba de inmediato, con la muerte del rey. El 6 de noviembre recibieron la comunicación oficial en una carta firmada por la reina, que contenía también las cláusulas testamentarias con la designación del duque de Anjou como heredero. Sin mediar debate alguno, el documento se recogió bajo la fórmula quod exequatur regia mandata y se ordenó su registro en el correspondiente libro municipal. ⁸ Y es que el municipio estaba volcado en los funerales de Carlos II, más que en su sucesión. Si bien en un principio los gastos por el duelo iban a ser limitados, la cifra final fue corregida por dos veces alcanzando definitivamente las 6.000 libras. Tanto la cantidad definitiva como las revisiones fueron autorizadas por el virrey, viendo la insistencia de los jurados en honrar a un monarca tan querido como Carlos II de la manera más conveniente.⁹

Aunque en las reuniones celebradas tras el real deceso la organización y desarrollo de los funerales fueron el asunto primordial, se acompañaron de pronunciamientos explícitos sobre la sucesión. En sus misivas a las autoridades, los jurados dejaron patente su aceptación del testamento. Así, por ejemplo, el 8 de noviembre, escribieron a la reina comunicándole su dolor y su fiel cumplimiento de las disposiciones regias al estimarlas dirigidas al «bien universal de la monarquía». El propio Portocarrero fue felicitado por su designación como gobernador, seguros de que su rectitud constituiría una garantía de acierto en los sucesos por los que atravesaba la monarquía. Montalto –o la propia reina– respondieron muy favorablemente agradeciendo diligencia y fidelidad. Esto espoleó a los jurados que se apresuraron a dirigirse al futuro Felipe V señalándole que Valencia había sido la primera ciudad en celebrar su acceso al trono, «…y la que ab major promptitut y gust se ha conformat en ella…».¹⁰

Hasta ahora hemos comprobado la ausencia de animadversión en los gobernantes municipales de la capital valenciana hacia el pretendiente francés en su ascenso al trono hispánico.¹¹ Bien es cierto que estas medidas podían no reflejar una actitud extensiva al resto de la población, máxime si contamos con la falta de pronunciamiento del órgano municipal más plural, el Consell General. De cualquier manera contrasta, por ejemplo, con lo sucedido en Aragón, donde se trató de promover la Junta General de la Corona para disentir de la voluntad testamentaria de Carlos II; además de dejar bien claro que las élites municipales representadas en el Consell Secret –recordemos, constituido por insaculados– se alineaban con la sucesión.¹²

Tras la celebración de las exequias reales en la catedral,¹³ se despejaba el camino hacia el futuro. El 4 de diciembre, tras volver sobre el tema sucesorio y sus implicaciones, los jurados decidían que la ciudad «… deu fer aquella major demonstració que càpia en la expressió la seua lealtad y encara que son ànimo se extén a fer major y més adelantada demonstració, però no permetent-li les llimitades forces y effectes…». Esta falta de fondos para afrontar una embajada en solitario provocó que el consistorio acudiera a calificarlo como caso inopinado, designando electos a los jurados Luís Agramunt, Juan Bautista Falcó, Eusebio Almela y Onofre Esquerdo. De confirmarse esta condición, junto a la Generalidad y al resto de representantes estamentales podrían designar un embajador del reino, obteniendo financión de los fondos de la primera.¹⁴ Sin discrepancias ni conflictos graves con el gobierno la embajada resultaba una consecuencia lógica. No obstante, dentro de los estamentos no existía la unanimidad que reflejó el consistorio de la capital. En la reunión conjunta, los eclesiásticos impidieron con su negativa el acuerdo necesario para llevarla a cabo.¹⁵ El estamento militar, plenamente convencido de su necesidad, decidió sacar adelante la embajada por su cuenta. Esta postura llegó a oídos del municipio que, como representante del brazo real, aceptó realizarla conjuntamente con los nobles pese a que la falta de unanimidad estamental provocaba que los estamentos interesados debiesen correr con los gastos al no poder allegarlos la Generalitat. Desde el municipio, se decidió que sus insaculados aportarían los fondos necesarios, estableciendo como salvaguarda que si finalmente se alcanzaba el acuerdo de los tres estamentos se devolvería el dinero a todos los que hubiesen contribuido

… si el present regne voldria nomenar embaixador juntament ab lo dit estament militar, per a què en nom dels dos es posara als reals peus de Sa Magestat, y per quant podria ser motiu que se apartàs lo dit estament real de pendre dita resolució el no tenir effectes per a subministrar lo que importaria la mitat de ajuda de costa y dietes de dit embaixador. Y si desitjant lo major lluïment desempeño y authoritat del dit estament real, se offereixen a contribuir en lo gasto que importara la part tocant al estament real, esperant que els demés ciutadans insaculats contribuiran en dit gasto, y de present offereixca donar cascú dos doblons de or, ab la circumstància de suplir tot lo que faltara per a el cumpliment de dit gasto…

Esta iniciativa correspondió a algunos insaculados del estamento real, pero fue aceptada en todos sus términos por el resto, ratificando además a los electos designados, que actuaron desde ese momento junto a los representantes nobiliarios.¹⁶

Tras el nombramiento de embajador por parte de los estamentos nobiliario y real, realizado el 18 de diciembre, los eclesiásticos cambiaron de parecer aceptando la embajada y al embajador ya designado, el conde de Parcent. Según la versión de Ortí, así se produjo la mudanza en el seno del estamento

conoziendo después su error algunos del estamento ecclesiástico que no quisieron convenir en declarar por casi inopinado éste, los quales fueron (según se dixo y afirmó el síndico, Antonio Milán, hermano del marqués de Albayda), don Gerónymo Frígola que tenía la voz del obispo de Tortosa y don Gaspar Guerau que tenía la voz del señor arçobispo, cedieron su dictamen y declararon caso inopinado.¹⁷

Alcanzada la unanimidad la embajada fue ratificada por el Consell General, convirtiéndose así en caso inopinado con lo que su coste fue finalmente sufragado por la diputación de cortes valenciana.¹⁸ Este asentimiento aleja la idea de un acuerdo alcanzado a espaldas del Consell General por temor a que su popular composición, –principal motor del austracismo en Valencia– abortase el acercamiento a la nueva dinastía.¹⁹ Mientras se mantuvo el desencuentro estamental, no se produjeron incidentes ni en el consistorio ni en la ciudad. Tampoco los gremios o los representantes de las parroquias presentes en el gobierno del consistorio dieron muestras de sentirse atraídos por la causa del archiduque, una apuesta exclusivamente dinástica en este momento en Valencia.

1.2 El gozo por la renovación dinástica

Superado el desencuentro de la embajada, los primeros meses del año 1701 transcurrieron sin alteraciones reseñables. Las noticias sobre la llegada del monarca a España fueron las únicas notas que dejaron constancia del cambio que se estaba produciendo.²⁰ Tras votación en el Consell General se decidió, nemime discrepante, la celebración de dos noches de luminarias para demostrar alborozo por el real arribo. Para sufragarlas se invirtieron 1.000 libras de la bolsa del quitament, cantidad que, se vió superada hasta alcanzar las 1.200 libras, de acuerdo al resumen de cuentas que realizó el síndico en fechas posteriores.²¹

Al margen de celebraciones la ciudad intentó encontrar cauces para enviar su propio embajador a la corte, siendo la negativa del virrey el principal obstáculo, aunque no el único. La embajada resultaba costosa y los acreedores censalistas se sintieron perjudicados. La ciudad, entonces, decidió acudir directamente al monarca y al presidente del Consejo de Aragón. En defensa de su iniciativa alegaron que los gastos no sobrepasarían las 6.000 libras, contradiciendo así la opinión de los acreedores censalistas, para los que de ejecutarse supondría más de 20.000.²² Las necesidades financieras de la embajada dejaban al descubierto un asunto que devendrá crucial: el problema de los censos.²³ Hasta ahora, la mayor parte de los fondos invertidos desde la muerte de Carlos II procedían de su bolsa de quitamiento, con lo que la respuesta de los principales perjudicados por esta política tiene un contenido económico insoslayable.

En septiembre, la boda del rey hizo rebrotar estos debates.²⁴ Desde que tuvieron conocimiento de su celebración, los jurados deplegaron una enorme actividad. En primera instancia, felicitaron al marqués de Castelrodrigo por su elección como embajador para el tratado de casamiento.²⁵ Tras recibir el anuncio oficial mediante una carta firmada por Felipe V, retiraron – de nuevo de la bolsa del quitament– 600 libras para los festejos correspondientes, encargando a los jurados ciudadanos que, junto al racional y al síndico escribiesen al monarca una carta de enhorabuena y designasen al emisario que habría de entregarla. Además, realizaron una embajada de enhorabuena al virrey. Ya en Consell General, tras votación, acordaron la celebración de un Te Deum por el obispo, la correspondiente misa, una procesión y tres noches de luminarias acompañadas de «bous en corda». En total, 1.500 libras en fastos retirados de la bolsa de quitament, pues las demás estaban exhaustas. Sin embargo, esta operación debía ser autorizada por el virrey, sólo dispuesto a alcanzar las 1.000 libras. Pese a ello, la ciudad no renunció y acordó llegar a esa cifra por otras vías para sortear el permiso virreinal, consiguiéndolo finalmente.²⁶

No gozaron de idéntico éxito sus iniciativas de enviar una embajada de felicitación al r...

Índice

• Cubierta
• Anteportada
• Portada
• Página de derechos de autor
• Índice
• PRÓLOGO, de Mariano Peset
• PRIMERA PARTE: LA GENERALITAT VALENCIANA
• SEGUNDA PARTE: EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
• TERCERA PARTE: EL GOBIERNO DEL REY: VIRREY Y AUDIENCIA
• FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA