Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil

Republicanos, franquistas y en la "zona gris" en el País Valenciano (1936-1950)

Margarita Ibáñez Tarín

• Editorial: Publicacions de la Universitat de València
• Año: 2019
• ISBN:
  9788491344773
• Edición: 1
• Categoría: History
• Categoría: European History

La batalla ideológica que se libró en los institutos de Segunda Enseñanza durante la Guerra Civil ya se venía gestando en Europa desde la Primera Guerra Mundial. Algunos profesores se identificaban en los años treinta del siglo XX con las nuevas tendencias del nacionalismo antiliberal reaccionario y del fascismo que se estaban abriendo paso en el continente. Frente a ellos, un sector importante del profesorado se reconocía en los valores ideológicos de las distintas opciones de izquierdas y, además, una amplia masa de docentes ambiguos permanecía en la denominada «zona gris». La pugna ideológica que se vivió en ese tiempo entre el personal docente de la Segunda Enseñanza se saldó con la separación del servicio de un buen número de profesionales. Primero fue la República la que cesó de forma forzosa a los considerados desafectos a la causa republicana y después fue el franquismo el que llevó a cabo una limpieza política de gran alcance en el seno de la administración educativa. Ambas cribas ideológicas presentan muchas diferencias, no solo en cuanto a agentes y objetivos, sino también en cuanto al contexto histórico y a la naturaleza de la represión política y cultural que desencadenaron.

III. NUEVO ORDEN Y LIMPIEZA POLÍTICA DEL PROFESORADO DE SEGUNDA ENSEÑANZA EN EL PAÍS VALENCIANO

1. COLABORACIÓN DE LOS NUEVOS PODERES LOCALES Y PROVINCIALES EN EL ARRANQUE DE LA REPRESIÓN

El nuevo gobernador civil de Valencia, Francisco Planas de Tovar, contó con el asesoramiento directo de Joaquín Maldonado Almenar –dirigente de la Quinta Columna durante la guerra– en su misión de nombrar a los alcaldes y concejales de los nuevos ayuntamientos.¹ Y es que acabada la guerra –una vez puesta en marcha la maquinaria represiva de la Dictadura– los informes elaborados por antiguos quintacolumnistas, que ahora ocupaban cargos en la Administración provincial y en los poderes locales, fueron solicitados de manera obligatoria. Sus informes y los de los párrocos, la Guardia Civil, y la Falange Española fueron decisivos en las sentencias de los juicios militares, en las Comisiones de Depuración Laboral, en los Tribunales de Responsabilidades Políticas y en el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. Los antiguos quintacolumnistas eran los encargados de emitir los certificados de buena conducta, que constituyeron un instrumento y un arma más en la tarea de control social de la dictadura en la posguerra. Con la información recogida, las autoridades franquistas premiaban, neutralizaban o castigaban a la población según hubiera sido clasificada previamente. En este sentido se puede decir que «Los de abajo ejercieron el poder de definir quién era y quién no era amigo del régimen».² Continuaron así su trabajo de sostén del Nuevo Estado por diversas vías: delaciones, avales, informes y vigilancia. La estrecha relación entre la Quinta Columna y los apoyos sociales del franquismo pone en evidencia que la colaboración activa de los ciudadanos corrientes con la dictadura fue fundamental en su implantación y consolidación.

En Valencia, la sustitución de los poderes locales y provinciales fue una de las primeras tareas que las fuerzas de ocupación llevaron a cabo. Los militares eran conscientes de la importancia de controlar todos los resortes de la administración, así que los puestos de las instituciones en la capital y en los pueblos se cubrieron rápidamente con personas representantes de la vieja oligarquía, mayoritariamente antiguos militantes de DRV y en menor medida camisas viejas de Falange y carlistas, aunque tampoco faltaron, si bien fue de manera testimonial, antiguos republicanos radicales.

Los informes que escribió Miguel Laso, tras su paso como mano derecha de Adolfo Rincón de Arellano por la Jefatura Provincial de Falange en Valencia, denunciaron las pugnas entre los poderes locales a la hora de la instauración del franquismo. Los «camisas viejas» valencianos y los requetés carlistas se sintieron desplazados de los puestos de poder en la Administración y las instituciones. Según el citado falangista estos puestos fueron ocupados por quintacolumnistas entre los que se encontraban miembros de DRV, rotarios, anarquistas e, incluso, un fundador de la FUE.³

Todos tenían en común, en el caso de Valencia, tal como nos recuerda Andreu Giner i Sánchez, el ser destacados terratenientes, empresarios y comerciantes y el haber pertenecido a la derecha hegemónica de antes de la guerra. De esta manera se garantizó la persistencia del viejo sistema, las viejas redes clientelares no desaparecieron y la oligarquía valenciana conservó su dominio.⁴ Las nuevas autoridades de la Jefatura Provincial de Falange, del Gobierno civil, de la Diputación y del Ayuntamiento tenían entre sus funciones la emisión de informes sobre antecedentes ideológicos, religiosos y políticos de la población y la canalización de las denuncias para que la justicia actuara con rapidez y eficacia. Contribuían con esta práctica al clima reinante de venganzas personales y ajustes de cuentas, al mismo tiempo que reforzaban la primacía política y moral de las fuerzas adictas al régimen en el proceso de consolidación de la nueva sociedad.⁵

En la ciudad de Valencia, el traspaso de poderes en las instituciones educativas antecedió en unos días a la clausura del Instituto Escuela y el Instituto Obrero, por Decreto del 20 de abril de 1939. De los trece institutos que llegó a haber con la República en el País Valenciano, después de la guerra solo permanecieron abiertos cuatro. En la ciudad de Valencia solo dos, el Instituto Luis Vives, que se convirtió en instituto masculino, y el Blasco Ibáñez, que cambió su nombre por el de San Vicente Ferrer y en adelante sería un instituto femenino. También continuaron abiertos el Instituto de Alicante y el de Castellón.

La Orden Ministerial de 5 de agosto de 1939 determinó la clausura –en principio provisional, pero que con el tiempo se convirtió en la mayoría de los casos, en definitiva– de la mitad de los institutos públicos que había en España. El cierre estuvo motivado, según las nuevas autoridades educativas, porque «la política educativa de la República al estar fundada principalmente en la sustitución de la enseñanza dada por las Órdenes Religiosas creó un crecido número de Centros de Enseñanza Media, innecesarios a todas luces».⁶ Unos meses más tarde, en octubre, una nueva orden rectificaba la anterior y permitía que continuaran abiertos algunos institutos más como el de Requena y el de Alcoi. Consideraban ahora que, de otra manera, causarían graves perjuicios a la estabilidad y continuidad de la Enseñanza con la supresión prematura de la enseñanza oficial en localidades de segundo orden antes de haber llegado a una cooperación entre la enseñanza privada, las corporaciones locales y el Estado.⁷ Con la victoria franquista la red pública de institutos quedó reducida a menos de la mitad de los centros que había en la época republicana (de 13 pasaron a 6 en el País Valenciano) afectando especialmente a las clases más desfavorecidas y acentuando las desigualdades sociales. El objetivo, en definitiva, fue contribuir a la privatización de la Enseñanza Media y dejarla en manos de las órdenes religiosas.⁸

En Valencia, la gerontocracia tomó el poder con el triunfo franquista en cuatro de los institutos más antiguos. Los catedráticos más derechistas, de mayor antigüedad y más firme catolicismo ocuparon los puestos directivos. Francisco Morote Greus se convirtió en director del Instituto Luis Vives desde el 29 de marzo de 1939 hasta su muerte en 1941 por nombramiento del rector provisional de la Universidad de Valencia, el quintacolumnista Manuel Batlle. Era catedrático de Agricultura del viejo Instituto General y Técnico de Valencia desde 1905 y había sido concejal del Ayuntamiento en la época de Primo de Rivera. Durante la guerra había sido cesado por desafección al régimen republicano en agosto de 1936 y no pudo trabajar, pero al término de esta los cargos públicos se le acumularon, a pesar de que era ya un anciano. Fue presidente de la Comisión Depuradora D de maestros y vocal de la Comisión Depuradora C de profesorado de institutos.⁹ Curiosamente, como ocurrió en tantas familias en esta época, este profesor, representante acérrimo de los valores del nacionalcatolicismo, era hermano de Luis Morote Greus (1862-1913), conocido krausoinstitucionista partidario del laicismo y el republicanismo en los albores del siglo XX en Valencia.¹⁰ Para el puesto de director del Instituto San Vicente Ferrer fue nombrado en la misma fecha, con 64 años, Modesto Jiménez de Bentrosa y Díez Caballero. Había sido catedrático de Geografía e Historia del Instituto Luis Vives desde 1903, y durante la dictadura de Primo de Rivera fue presidente de la Diputación de Valencia y gobernador civil de Navarra, Burgos y Alicante. También fue nombrado en esos días presidente de la otra Comisión de Depuración de maestros que hubo en Valencia.¹¹ En enero de 1937, al igual que Francisco Morote Greus, había sido destituido por la República, y con un pasaporte, que consiguió en la embajada de Checoslovaquia, había logrado huir a la zona nacional. Una vez allí se presentó ante el Gobierno nacional en Burgos y le adjudicaron una plaza en el Instituto de Vitoria, donde permaneció hasta el final de la contienda.¹² En Alicante ocupó la dirección del instituto el catedrático de Lengua y Literatura Javier Gaztambide Sarasa, de 65 años. Había sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante durante la dictadura de Primo de Rivera y nombrado comisario regio para poner en marcha el Instituto de Requena en 1928. Durante la guerra fue cesado por la República y encarcelado en dos ocasiones.¹³ El primer director del Instituto de Castellón después de la guerra fue Francisco Almenar Suay, de 63 años, de Comunión Tradicionalista, también cesado durante la guerra por la República. Estuvo poco tiempo, ya que fue trasladado al Instituto Luis Vives de Valencia. Le sustituyó desde octubre de 1939 hasta su muerte en 1942 José Sanz de Bremond, otro anciano que era catedrático de Matemáticas del Instituto de Castellón desde 1907 y que también había sido cesado y preso durante la guerra en las Torres de Quart y en la cárcel Modelo de Valencia. Se trataba en todos los casos de personas con mucha antigüedad en la carrera docente y muy mayores, que habían tenido un pasado con significación derechista. El cargo de director de instituto llevaba aparejada la presidencia de una de las comisiones D de depuración de maestros y una vocalía en la Comisión C. Pero hubo excepciones, ya que el director del Instituto de Requena, Luis María Rubio Esteban, no ocupó ninguno de estos cargos y, en Castellón, la vocalía en la Comisión C la ocupó el profesor más antiguo del Instituto, José María Conillera Sabaté, que había pasado la guerra en zona nacional y estaba exento de depuración.

El 2 de abril de 1939, tres días después de la entrada de las tropas del general Varela en Requena, Luis María Rubio Esteban, profesor de Ciencias Naturales, fue nombrado director del instituto por el jefe del ejército de ocupación, el coronel Antonio Aymat, y por el nuevo rector de la Universidad Literaria de Valencia, el quintacolumnista Manuel Batlle. En el nombramiento se hizo hincapié en que debía salvaguardar el archivo del instituto, además de entrar en contacto con los profesores que estaban destinados en el centro con anterioridad al 18 de julio de 1936 para que se personaran y presentaran avales de adhesión al «Glorioso Movimiento Nacional». El archivo era de interés prioritario para las nuevas autoridades franquistas que querían evitar con el rápido nombramiento del director que pudiese ser destruido o sufrir daños. En este sentido, la última directora del Instituto de Requena del periodo de guerra, María Rosario Montoya, dejó constancia en el pliego de descargo de su expediente de depuración que ella había procurado la conservación del material, los libros y la documentación del archivo y que lo entregó todo en perfecto estado al nuevo director.¹⁴

No fue eso lo que parece que ocurrió con la documentación del Instituto-Escuela (y con los archivos de la FUE que estaban allí) y del Instituto Obrero, ambos centros compartían emplazamiento en el antiguo Colegio San José de los jesuitas, en la avenida Fernando el Católico de Valencia. Ángel Lacalle Fernández, último director republicano del Instituto-Escuela, fue acusado por su antiguo compañero, Pedro Aranegui Coll, en el juicio sumarísimo al que fue sometido después de la guerra, de haber destruido los archivos. Pedro Aranegui acababa de ser nombrado, con fecha de 31 de marzo de 1939, director provisional del instituto con la misión exclusiva de devolverlo a los jesuitas. Ángel Lacalle lo niega de manera contundente en su declaración jurada. Explica que no solo traspasó el colegio y sus archivos en perfectas condiciones, sino que además entregó una granja de pollos, vacas, cerdos y gallinas, buena cantidad de víveres y un huerto en Burjasot (Villa San José) de doce fanegadas de tierra cultivada y sembrada, prueba de su administración rigurosa en tiempos difíciles.¹⁵ En el caso del Instituto Obrero, el día 28 de marzo, por temor a las represalias, un grupo de chicas quemaron los archivos en la cocina del instituto. Solo se salvaron las fotos de los alumnos, arrancadas de las fichas por una de estas chicas, Juana Ramos, y las listas de matrícula que Manuel Nuñez de Arenas, último director del instituto, se llevó al exilio.¹⁶

Desde noviembre de 1938, funcionaba la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD), dirigida por el carlista Marcelino de Ulibarri. Era un servicio integrado en las columnas del ejército de ocupación cuando tomaban una ciudad precintaba los edificios y locales que pudieran albergar archivos con documentos que luego pudieran servir en los consejos de guerra y en las depuraciones a la hora de llevar a cabo la limpieza de «indeseables». La documentación requisada sirvió de base documental para organizar el archivo de Salamanca con más de tres millones de fichas políticas y 190.000 masónicas. El servicio dirigido por Ulibarri se dedicó también a emitir informes sobre antecedentes político-sociales y masónicos para las comisiones de depuración docente. En marzo d...

Índice

• Cubierta
• Anteportada
• Portada
• Página de derechos de autor
• Índice
• Agradecimientos
• Listado de siglas
• Archivos y centros de documentación
• Introducción. La segunda enseñanza en la guerra civil
• I. Guerra y segunda enseñanza en la retaguardia valenciana
• II. Profesores republicanos, antirrepublicanos y en la zona gris
• III. Nuevo orden y limpieza política del profesorado de segunda enseñanza en el país valenciano
• Conclusiones
• Bibliografía
• Anexos
• Índice onomástico