REALIDAD QUE INTERPELA
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REALIDAD QUE INTERPELA

Decisiones responsables

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Decisiones responsables

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Mucho se habla de discernimiento e nuestros días, pero ¿qué es exactamente y cómo se hace en el campo de la ética? En este escrito, que es la prolongación del anterior libro Decisiones responsables, el autor sigue presentando temas éticos de actualidad según la metodología del discernimiento: (a) ¿Cuál es el hecho?, (b) comprenderlo a fondo, (c) ¿cuáles son los valores implicados?, y (d) tomar una decisión correspondiente. El autor no toma una decisión por el lector, sino que lo invita a reflexionar, a establecer relaciones entre los distintos hechos, a finalmente tomar sus propias decisiones a partir de los datos presentados y los valores explicitados.

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Información

CUARTA PARTE
DESAFÍOS ÉTICOS
SISTEMA CARCELARIO: UNA POBLACIÓN INVISIBLE
EL HECHO
El día 8 de diciembre de 2010, Chile despertó con la noticia del incendio en la cárcel de San Miguel (Santiago), que causó la muerte de 81 internos. Un aficionado grabó unas escenas del incendio que fueron transmitidas una y otra vez por los canales de televisión. La reacción de la sociedad no se dejó esperar al confirmarse tan brutalmente las condiciones miserables y precarias de la población penal en Chile.
Anteriormente, el 15 de octubre de 2010, el Gobierno había anunciado un plan de once medidas para mejorar la situación carcelaria: (1) proporcionar 14 mil colchones, 42 mil frazadas y más de 4 mil literas, para cubrir el déficit que al momento existía; (2) mejorar la alimentación de los internos; (3) mejorar la infraestructura sanitaria y el sistema de luminarias en las unidades tradicionales (no concesionadas); (4) aumentar, en 1 hora y 30 minutos diarios, el tiempo de desencierro de los internos; (5) mejorar la capacidad de reacción médica en situaciones de emergencia; (6) mejorar las medidas de control sobre los internos(as); (7) mejorar el sistema de visitas a internos(as); (8) fortalecer la asesoría espiritual al interior de los recintos penales; (9) mejorar las condiciones de liberación; (10) potenciar los Centros de Educación y Trabajo (CET); y (11) mejorar la seguridad al interior de los penales.
El presidente Sebastián Piñera, en el discurso del 14 de abril de 2011, anunció una inversión de US$ 410 millones a ejecutar mediante un proyecto de ley de modernización que introduciría “11 mil nuevas plazas al sistema carcelario, junto con poner especial énfasis en la separación de presos de distinta peligrosidad, mejorar las condiciones de los reclusos, una profunda modernización al Servicio de Gendarmería, fortalecimiento de las penas alternativas a reclusión, y la puesta en práctica durante este año del nuevo Estatuto Laboral del Preso”. El presidente definió su anuncio como “más y mejores cárceles, más y mejores oportunidades de trabajo, rehabilitación y reinserción social para nuestros reclusos”1.
El 18 de abril de 2012 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto sobre indulto general, previamente ratificado por el Senado. El objetivo del proyecto, enviado por el Ejecutivo, es disminuir el hacinamiento carcelario y mejorar las condiciones de habitabilidad en los recintos penitenciarios. Para tal fin, se concede un indulto general de carácter conmutativo a condenados por delitos menores, que incluye a mujeres que estén cumpliendo penas privativas de libertad y personas sujetas al beneficio de la salida controlada al medio libre o reclusión nocturna. Además, se establece la pena de extrañamiento para extranjeros que no cuenten, al momento de haber cometido el delito, con el permiso de permanencia definitiva. Sin embargo, el indulto no se aplica a condenados a presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado.
También se modifica el régimen de libertad condicional y se establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios. En los casos de los condenados por faltas a la ley de control de drogas, la norma concordada entrega al juez tres opciones: si aplica la multa y el condenado no la paga, el juez puede enviarlo a rehabilitación o a trabajos comunitarios y solo si no cumple con esas alternativas, es enviado a un programa de reclusión.
La pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad queda definida como la realización de actividades no remuneradas a favor de la comunidad o en beneficio de personas en situación de precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmería. Esta institución deberá facilitar este tipo de penas por medio de convenios con organismos públicos y privados sin fines de lucro, debiendo, además, la institución y sus delegados velar para que no se atente contra la dignidad del penado.
Esta nueva iniciativa legal de indulto o conmutación de pena beneficiará a 6.616 reclusos, que incluye 1.066 extranjeros que cumplen condena en Chile. La norma solo contempla a aquellos condenados por delitos de baja complejidad y con buena conducta para que puedan cumplir lo que les queda de pena en libertad, bajo un régimen de vigilancia. Sin embargo, quedaron excluidos del indulto aquellos delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, homicidio, robo con homicidio, parricidio, delitos sexuales contra menores y violación con homicidio.
COMPRENSIÓN DEL HECHO
A lo largo de la historia, las sociedades se han organizado para controlar las transgresiones contra el orden social de la convivencia, ocasionadas por alguno de sus miembros. Así, se ha ido estableciendo una autoridad, una institución de justicia y leyes para castigar las conductas antisociales. No obstante, también se ha preguntado permanentemente sobre la eficacia de los sistemas sociales de castigo para disminuir la delincuencia y la supuesta rehabilitación de los antisociales.
Algo de historia
En Chile, se establece en 1911 el primer reglamento carcelario de carácter nacional y se conforma un Cuerpo de Gendarmería de Prisiones. En el año 1930 se establece una Dirección General de Prisiones, que en 1960 se moderniza y asume el nuevo nombre de Servicio de Prisiones. En el año 1965 se pone en marcha una política destinada a mejorar el tratamiento de los internos2.
El estudio clásico de Michael Foucault sobre el origen de las cárceles, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (1975), explica el paso del castigo corporal y público a la privación de la libertad, aunque concluye que se duda de la eficacia de la pena del encierro porque resulta “peligrosa cuando no es inútil”, pero, a la vez, “no se ve por qué remplazarla”3.
En diversos estudios sobre la historia carcelaria en Chile se destacan el hurto que se producía entre los reos, la participación de los presos en juegos de azar y la existencia de relaciones homosexuales entre ellos, subrayando la conclusión del “fracaso permanente de la rehabilitación” y la cárcel como la escuela “más perfecta para el aprendizaje y progreso del estudio del crimen y del vicio”.
En un texto de comienzos del siglo XX se describe una situación producida en la cárcel de Iquique: “Me contaba un guardián el repugnante espectáculo que se repite en la cárcel cada vez que ingresa un menor de edad… Llega el muchacho, e inmediatamente se ve asediado por una multitud de pretendientes que se insultan y repelen entre sí; sin experiencia, sin fuerzas para defenderse, el infeliz se ve obligado a entregarse a uno de aquellos monstruos, por lo común al más capaz de defenderlo de los demás. Ese muchacho pasa a ser el cabrito del preso preferido y desde entonces hace vida marital con él”4.
La situación actual
Chile es el país con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina, con 318 internos por cada 100.000 habitantes, mientras la tasa promedio de la región está entre 100 y 150 presos y la tasa europea entre 60 y 100. Se estima que el actual número de los internos en régimen cerrado implica una sobrepoblación del 62,5%. De hecho, San Miguel tenía una población de 1.875 internos, cuando su capacidad era de 632 plazas, lo que equivalía a un 197% de sobrepoblación5. Además, la población carcelaria ha presentado un aumento sostenido durante las dos últimas décadas: el año 1990 había 22.593 reclusos; el año 2000, 33.131, y al 30 de junio de 2011, 52.3196.
En una investigación realizada por Gendarmería de Chile (2011)7 se detalla que la población carcelaria, correspondiente al mes de diciembre de 2010, estaba conformada por 105.472 personas (el 88,5% hombres). El 50,6% de este total pertenece al subsistema abierto; el 48,8% al subsistema cerrado; y el 0,7% al subsistema semiabierto.
El subsistema cerrado corresponde a aquellos internos privados de libertad (detenidos, procesados según el antiguo sistema penal, imputados según el nuevo sistema penal, y condenados privados de libertad). El subsistema semiabierto dice relación con aquellos condenados privados de libertad que cumplen su condena accediendo a actividades de capacitación y trabajo remunerado. El subsistema abierto corresponde a aquellos condenados a medidas alternativas (se sustituyen las penas en prisión de corta duración por una sanción que permite continuar desarrollando la vida laboral, familiar y social).
El informe constata que “Chile es el segundo país de la región con más población carcelaria, después de Estados Unidos”. Incluso más...

Índice

  1. Portada
  2. Portadilla
  3. Créditos
  4. Índice
  5. Introducción
  6. Primera parte Propuesta de un método ético
  7. Segunda parte Antropología ética
  8. Tercera parte Contexto ético
  9. Cuarta parte Desafíos éticos