Precariedad presupuestal ante la crisis educativa derivada del covid-19
Marco Antonio Fernández
Laura Noemí Herrera
Introducción
Cada peso que se invierte en educación es determinante para alcanzar la inclusión, equidad y calidad educativa que se fijó en el Cuarto Objetivo de Desarrollo Sustentable (ods). Si bien desde 2015 se había señalado que los niveles de inversión educativa tenían que incrementarse cerca del 50% para cubrir las metas en 2030 a las que México se había comprometido (Unesco-efagmr, 2015), lo cierto es que esa inversión ha ido en detrimento desde 2017 por las condiciones económicas del país (Banxico, 2017, 2021; inegi, 2021). La crisis económica y de salud que se ha presentado recientemente por la pandemia de covid-19 ha mermado aún más los recursos disponibles para enfrentar los retos educativos que tiene el país.
El incremento de recursos que necesitamos como país no es menor, si se tiene en cuenta que es uno de los sistemas educativos más grandes en América Latina y que el sistema educativo mexicano ya enfrentaba su propia crisis antes de que se tomara la decisión de cerrar la presencialidad en las aulas y buscar alternativas de educación a distancia. Previo a la pandemia, el sistema educativo nacional enfrentaba un problema serio de los aprendizajes que se adquirían en sus aulas. A los bajos niveles de aprendizaje en áreas básicas del conocimiento como comprensión lectora y matemáticas (ocde, 2019), se sumaban problemas en cobertura de niveles educativos en los que, pese a ser obligatorios y estar consignados en la Constitución como un derecho de los mexicanos, el país ha tenido avances limitados. De acuerdo con datos de la Dirección de Planeación de Política Educativa de la Secretaría de Educación Pública, de cada 100 estudiantes que ingresaron a la primaria en el ciclo escolar 2004-2005, sólo 26 alcanzaron a realizar estudios universitarios (sep, 2021). A esto hay que añadir la desigualdad de acceso a oportunidades educativas, en particular en la educación media superior y superior; debilidades en habilidades pedagógicas en los docentes y limitaciones serias para incorporar la tecnología a la enseñanza. Finalmente, destacan problemas importantes en la infraestructura educativa con al menos 41 423 escuelas primarias, secundarias y de bachillerato que no tuvieron acceso a agua potable en el ciclo escolar 2019-2020, además de que en 47 566 planteles de estos niveles educativos no hay infraestructura para el lavado de manos (Mejoredu, 2021).
Los efectos del covid-19 implicaron la aplicación de estrategias de atención educativa a distancia que demandaban un grado alto de habilidades y materiales tecnológicos para dar continuidad a los aprendizajes. Por desgracia, sólo 6 de cada 10 lograron tener acceso a internet, equipos de cómputo, celulares o televisores para continuar las clases (M. Fernández et al., 2020). Además, las estrategias de continuidad académica a distancia no son tan efectivas como las presenciales, teniendo severos efectos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, incluso para las y los estudiantes que cuentan con todo el equipo tecnológico y plataformas pedagógicas de soporte para sus estudios (Escueta et al., 2020; Kuhfeld et al., 2020). Previsiblemente, las afectaciones en los aprendizajes de los estudiantes cuyas familias no han podido brindarles de dispositivos y acceso al internet para mantener una comunicación continua y retroalimentación de sus docentes, serán sustantivamente aún más graves. A la inversión necesaria para desarrollar e implementar estrategias para cerrar las brechas de aprendizaje y asegurar la continuidad académica, debe incorporarse la urgencia de capacitación docente, imprescindible para la contención emocional de muchos estudiantes cuyo ánimo se ha deteriorado durante estos meses de pandemia y educación a distancia. El país enfrenta además el desafío del acondicionamiento de diferentes planteles que quedaron en el abandono tras más de un año de estar cerrados.
Atender las nuevas demandas educativas asociadas al covid-19 no resulta sencillo, menos si se hace en un contexto de bajo crecimiento económico y finanzas públicas precarias; se compite con el área de salud, que demanda mayor cantidad de recursos al ser el área principal de la política social que debe enfrentar la pandemia. Menos fácil es conseguir recursos suficientes para la emergencia educativa cuando se observan recortes presupuestales para evitar presiones financieras a una economía como la nuestra y, al mismo tiempo, se toman decisiones de reasignaciones presupuestales –con todo y los márgenes estrechos que se tienen en este rubro— para destinar recursos adicionales a los proyectos que considera prioritarios el gobierno federal, como es el financiamiento de la deuda pública de Pemex, la construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya (Carrillo, 2021; García et al., 2021). Bajo estas circunstancias, cabe preguntarse: ¿se pueden aumentar los recursos al presupuesto educativo? Si la respuesta es sí, ¿qué otros rubros del presupuesto serían afectados para ello?, y aún más importante, ¿dónde es más eficiente y socialmente benéfico invertir estos recursos adicionales educativos? Responder a estas preguntas requiere además la creación de coaliciones sociales y políticas que permitan crear los incentivos necesarios para una redistribución favorable a la educación en la que se pueda guiar las decisiones de asignaciones de recursos por la evidencia de los recursos a invertir para enfrentar los retos que la emergencia educativa está planteando, además de los compromisos que el país ha adquirido en esta materia como parte de las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods). En síntesis, el desafío es crear las condiciones para una distribución en la que el presupuesto educativo pueda ser más resiliente en momentos de crisis como los que se están viviendo en nuestro país.
La necesidad de recursos suficientes para cumplir las metas de los ods, las promesas de la reforma educativa aprobada en 2019 y atajar los efectos negativos de la crisis educativa asociada a la pandemia del covid-19 es alta y se da en un panorama fiscal complejo. Si bien todos los actores políticos hablan de la necesidad de la inversión educativa, en la realidad las asignaciones presupuestales para este rubro, además de competir con otras áreas del presupuesto de egresos, también involucran tensiones distributivas entre distintos aspectos de la política educativa, en los que los actores del sector buscan influir las decisiones finales de aprobación por parte del Congreso.
En un mundo en el que el bienestar educativo de niñas, niños y jóvenes fuese una prioridad verdadera, una máxima que debiera guiar la distribución presupuestal es que cada peso que se invierta en educación debe hacerse con el objetivo de mejorar los resultados de aprendizaje de los resultados, al tiempo que se privilegia una perspectiva de equidad e inclusión educativa.
Tomando en consideración este enfoque, la apuesta de la asignación del presupuesto educativo debería responder a meta...