Religión y política en la 4T

Debates sobre el Estado laico

Carlos Garma Navarro, Ariel Corpus Flores, María del Rosario Ramírez Morales, Mariana Guadalupe Molina Fuentes, Raúl Méndez Yáñez, José Carlos Mondragón González, Enriqueta Lerma Rodríguez, Arcelia Paz Padilla, Blanca Mónica Marín Valadez, Carla Vargas Torices, Carlos Martínez García, Carlos Torres

• Editorial: Juan Pablos Editor
• Año: 2022
• ISBN:
  9786077116400
• Edición: 1
• Categoría: Ciencias sociales
• Categoría: Sociología de la religión

El presente libro Religión y política en la 4T. Debates sobre el Estado laico, aborda una serie de problemáticas suscitadas en el intersticio de la religión, la política y la laicidad acaecidas desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a la que se ha denominado la Cuarta Transformación (4T). En la primera parte se discuten elementos conceptuales en torno a la secularización y el régimen laico que caracteriza al Estado mexicano, mismas que han sido objeto de polémica por algunas acciones del propio presidente. En la segunda, a partir de estudios etnográficos, se analiza el modo en que diversos actores creyentes y militantes desarrollan su capacidad de agencia en el marco de la laicidad, aprovechando ya sea los huecos del Estado laico o bien aludiendo a su necesario fortalecimiento. El tercer apartado centra su reflexión en los evangélicos, donde se analiza cómo distintos personajes e instituciones han sido actores mediáticos de la 4T. Con este libro, se pretende contribuir a las discusiones entre la religión y la política en México, así como continuar una línea de investigación sobre la laicidad y el Estado laico desde la perspectiva antropológica.

MIRADAS DESCENTRALIZADAS DE LA LAICIDAD

Retos del Estado laico ante los procesos político-religiosos y autonómicos en Chiapas

Enriqueta Lerma Rodríguez*

En este capítulo discuto sobre los retos que enfrenta la construcción del Estado laico y secular, en el contexto de lo que supone una etapa de apertura y participación a grupos religiosos en la política nacional y en el espacio público. Hablo desde el sureste mexicano, desde Chiapas, donde el debate aún no adquiere relevancia como resultado del presentismo de la Cuarta Transformación (4T), y donde las tensiones entre el poder político y el campo religioso han sido una constante en su historia. Cabe señalar que Chiapas es el estado con mayor diversidad religiosa en México, con un registro de 282 asociaciones de ese tipo, y donde, según el documento Panorama de las religiones en México 2010 (INEGI, 2011), el número de católicos ha tenido mayor descenso, sobre todo entre la población indígena.¹ Esta pluralidad, representada en diferentes credos y tendencias, tiene un papel clave en la construcción de perspectivas políticas e intereses colectivos y se expresa también en conflictos intercomunitarios, lo que implica constantes desafíos que deben ser discutidos en estrecho arreglo entre los distintos órdenes de gobierno y las comunidades religiosas.

Si bien, los diversos credos religiosos configuran distintas formas de posicionarse y de actuar frente a lo político, aquí abordaré el reto que supone la construcción de la laicidad y la secularidad frente a creyentes indígenas católicos, empobrecidos y organizados social y políticamente en el espacio de influencia de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, una de las feligresías más movilizadas en el estado, y posiblemente en México, agrupados bajo el nombre de Pueblo Creyente. Es de mi interés mostrar este contexto para argumentar que los vínculos entre religión y acción política anteceden a la 4T e imbuyen varios aspectos de la vida social, al menos en el territorio de influencia de la diócesis señalada. Considero necesario precisar cómo se construyó este vínculo desde antaño, y exponer los retos a superar en la construcción de una laicidad y secularidad efectiva en Chiapas, donde se impulsan diversos proyectos autonómicos y se mantiene una posición crítica hacia el Estado mexicano. La aspiración de autonomía, demanda de los pueblos indígenas, no se puede comprender sin considerar el papel protagónico de la diócesis, involucrada, a través de sus agentes de pastoral, en procesos de reflexión, acción y organización comunitaria.

Este texto se divide en cinco apartados: “Laicidad y secularidad: una perspectiva cultural”; “El III Sínodo Diocesano y el Pueblo Creyente: ejes y organización”; “El sustrato del Pueblo Creyente: condiciones socioeconómicas”; “Procesos organizativos de la Iglesia liberadora y sus expresiones políticas recientes”, y “Retos del Estado laico en Chiapas”.

LAICIDAD Y SECULARIDAD: UNA PERSPECTIVA CULTURAL

En México, la laicidad ha sido abordada principalmente como normatividad jurídica, cuyo ejercicio específico es separar las funciones de las autoridades civiles del Estado de las funciones de las autoridades de los credos religiosos; se apoya en la búsqueda de equidad entre diversos credos, evitando así la imposición de una religión oficial con el fin de garantizar la libertad de creencias y de conciencia, y la inclusión de las minorías religiosas. Si bien esta mirada permite conocer aspiraciones jurídicas en la construcción de un Estado moderno, preocupado por garantizar la igualdad de sus ciudadanos en un contexto de pluralismo social, es de señalar que la laicidad se originó como resultado de una profunda disputa histórica por los gobernados, entre el Estado moderno y la Iglesia, principalmente la católica.

Blancarte encuentra un argumento fundacional en dicha controversia: el de la soberanía nacional, que supera la sola intención de separar funciones institucionales de distinto orden y donde el eje de la discusión se centra en la legitimidad de los gobiernos: “Lo que la laicidad supone es una transición de un régimen con autoridad basada en el poder sagrado hacia otro cuya autoridad ya no proviene de lo religioso, sino que se sostiene, esencialmente, en la soberanía o voluntad popular” (Blancarte, 2017:10). Depositar la soberanía en la voluntad del pueblo, dice el autor, sólo fue posible en sociedades democráticas y en donde la decisión de las mayorías no debiera imponerse violentando los derechos de las minorías:

[…] sean estas religiosas, étnicas, de género, preferencia sexual, etcétera. […] De hecho, la laicidad surgió para dar respuesta a las crecientes necesidades de una sociedad que se descubre plural y diversa, y que desea respetar los derechos de todos. Por ello, la laicidad defiende el respeto a la libertad de conciencia y la igualdad de todos sin discriminación (Blancarte, 2017:11).

En México, con el interés de construir ideales liberales, el Estado requirió de un proceso de laicidad; instituido en las Leyes de Reforma. Una laicidad emergida como resultado de las disputas por el poder político entre la Iglesia y el Estado. Partiendo de esta idea es comprensible que los gobiernos liberales y los posrevolucionarios promovieran la pluralidad religiosa y la secularización, con el fin de debilitar el dominio de la Iglesia católica sobre una gran parte de la población.

Sin embargo, en Chiapas, donde los indígenas representaban un grueso sector, y sustentaban sus sistemas normativos consuetudinarios y cargos tradicionales en procesos político-religiosos, esta relación continúa reproduciéndose. Actualmente se reconoce como ancestral cierto tipo de catolicismo, lo que conduce a que se acuse de debilitar los sistemas normativos tradicionales y la organización comunitaria a quienes han optado por credos distintos. Estas controversias han provocado desplazamientos, expulsiones y hasta exterminios en algunas localidades. La laicidad ha cumplido en estos casos un papel garante para los conversos, y ha incidido, paulatinamente, en la transformación de los sistemas consuetudinarios y en los procesos de elección de autoridades comunitarias, dando cabida en la vida política local y regional de quienes se adhieren a distintos credos.

Hoy en día, aunque los católicos de la diócesis sancristobalence asumen la separación social entre sus creencias religiosas y las funciones del Estado en el nivel de la institucionalidad; en tanto creyentes, no la asumen en su práctica cotidiana: religión y política se conjugan en la cotidianidad, lo que supone tensiones, oportunidades de acción, demandas colectivas y márgenes de transformación sociopolítica. Por ello, aquí planteo una aproximación al análisis de la laicidad, sin omitir la dimensión secular, desde una perspectiva cultural, lo cual apunta a observar no cómo deberían operar la laicidad como tipo ideal, según el sistema jurídico nacional y la teoría política moderna, ni cómo debería construirse la secularidad. Apunto a mostrar cómo funciona la intención de la laicidad y la secularidad en la vida social de los pueblos y cuál es la respuesta de los creyentes ante esta intención.

El estudio de la laicidad y la secularidad, desde una perspectiva cultural, implica estudiar los sistemas de significación que se construyen en torno a la relación política-teopráctica —bajo el entendido de que existe una separación instituida entre religión y Estado— y ante la cual los creyentes mantienen opiniones y prácticas. Esta mirada se interesa por las perspectivas de los creyentes. Para ello, propongo analizar sus valoraciones sobre la relación política-credo, sus aspiraciones sociales, sus análisis del contexto y del contorno para la acción, así como los objetivos que persiguen, sus estrategias y métodos en la construcción de incidencia política. Esta mirada incluye el análisis del modo en que el principio de laicidad/secularidad se pone en práctica de manera diferenciada en distintas coyunturas y espacios, a partir de los intereses del gobierno en turno.

Con base en lo anterior, desde un enfoque cultural, y siguiendo a Blancarte, en el caso chiapaneco resulta relevante poner énfasis en la falta de inclusión de las minorías indígenas, en la ausencia de resolución de sus demandas y en el papel clave que tiene la Iglesia católica en la organización social de sus comunidades. Mantengo la hipótesis de que las relaciones estrechas entre credo religioso y acción política en Chiapas responden, en parte, a las condiciones desfavorables del contexto socioeconómico. En específico, a las condiciones de marginación de la feligresía del Pueblo Creyente, el grupo de ciudadanos más numeroso y movilizado de este territorio, así como del papel directriz que ha adoptado la diócesis ante la ausencia de resoluciones por parte de los gobiernos estatal y federal.

EL III SÍNODO DIOCESANO Y EL PUEBLO CREYENTE: EJES Y ORGANIZACIÓN

La diócesis de San Cristóbal de Las Casas adoptó la opción preferencial por los pobres y por la Iglesia inculturada, resultado de las discusiones emanadas de las conferencias episcopales de Medellín (1968) y Puebla (1979), en el contexto del Concilio Vaticano II. Samuel Ruíz, su obispo de 1959 a 1999, realizó un arduo trabajo de restructuración de la diócesis, lo que se tradujo en la organización de su territorio en siete zonas pastorales: centro, sur, tseltal, tsotsil, chol, chab y sureste, de acuerdo con criterios etnolingüísticos, bajo el entendido de que 80% de su población era indígena. Durante sus funciones, promovió la formación de catequistas indígenas y de diáconos permanentes para que intervinieran en sus comunidades en diversos ámbitos y la construcción de una Iglesia con estructura horizontal, donde los laicos tenían igual nivel de participación que los agentes pastorales eclesiales.

Según sus propias cifras, actualmente la diócesis cuenta con influencia significativa en Chiapas a través de sus 100 sacerdotes (44 diocesanos, 17 extradiocesanos y 39 religiosos), 329 diáconos permanentes, ocho mil catequistas y 300 agentes de animación y coordinación pastoral, AACP (religiosos y laicos de tiempo completo), llamados en conjunto “agentes de pastoral”. Atiende, según sus cifras, a 2 039 592 personas, que viven en 2 500 comunidades dispersas, en su mayoría rurales, en las que 62.77% se declara indígena, perteneciente a algún grupo etnolingüístico: tseltal, tsotsil, chol, tojolabal, chuj, kanjobal o acateco. Con base en estos números es de destacar que la diócesis cuenta en total con 8 729 personas trabajando activamente en su proyecto posconciliar (DSCLC, 2019:13).

La importancia de estos actores radica en la profunda influencia que construyen en sus comunidades, con una teopraxis que se nutre del compromiso que emana del III Sínodo Diocesano, convocado en 1995 y proclamando en 1999 (DSCLC, 2008), y que constituye la legislación de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas. El III Sínodo Diocesano define su doctrina con base en una Iglesia liberadora:

Como diócesis anunciamos un Evangelio integral, que puede liberar a la persona, a la comunidad, a la economía, a la sociedad, a la política, a la educación, a la cultura y a la religión; de modo que la liberación de Cristo se manifiesta en todo el pueblo creyente y en nuestra realidad concreta, porque ansiamos la venida definitiva del Señor de la historia para que todo tenga a Cristo por cabeza (DSCLC, 2008:39).

Esta noción de liberación implica la construcción de una pastoral de acompañamiento, encausada a la formación integral de los católicos en diversos ámbitos: “nos comprometemos a capacitarnos y organizarnos integralmente en lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo religioso para enfrentar nuestros problemas y así lograr el cambio que exige Jesús desde que inicia su misión” (DSCLC, 2008:47). También plantea organizarse para denunciar la situación de pecado social y de injusticia “apoyando a las personas, movimientos civiles y organizaciones que trabajan por el bien de las comunidades”. Destaca el hecho de que el sínodo propone como objetivo de su participación política la promoción de leyes que impulsen procesos de autonomía y organizarse para su construcción (DSCLC, 2008:52).

El sínodo reconoce la necesidad de participar políticamente y con cargos públicos, como s...

Índice

• Religión y política en la 4T
• Introducción: religión y política en la 4T
• POLÍTICA, RELIGIÓN Y LAICIDAD
• MIRADAS DESCENTRALIZADAS DE LA LAICIDAD
• LOS EVANGÉLICOS EN LA 4T
• Semblanzas de las/los autoras/es