Los sindicatos y el nuevo contrato social

Cómo España salió del ERTE

Unai Sordo

• Editorial: Los Libros de La Catarata
• Año: 2022
• ISBN:
  9788413524818
• Categoría: Economía
• Categoría: Economía laboral

El tiempo transcurrido entre finales de 2019 y 2022, en el marco del mayor drama social, económico y de salud pública vivido en el último siglo, constituye una de las secuencias más intensas y productivas del espacio de la concertación social en la historia de España. La consolidación y nueva subida del salario mínimo interprofesional (que en la actualidad afecta a 1, 8 millones de personas), la utilización de los ERTE como herramienta clave para sostener el empleo, la revalorización de las pensiones o la aprobación de la reforma laboral han sido algunos de los hitos más importantes de los últimos años. Unai Sordo hace un repaso de todos ellos comenzando por los tiempos previos a la pandemia y nos va relatando cómo cambió la actividad sindical durante la crisis sanitaria y a qué nuevos retos tuvo esta que hacer frente. Desde entonces, las medidas pactadas en el marco del diálogo social han supuesto una gran movilización de recursos a través de diversas prestaciones sociales. Como dice el propio Unai Sordo, "los agentes sociales nos hemos constituido como un referente ineludible en la pandemia, y como el principal anclaje de legitimidad complementaria a los poderes ejecutivo y legislativo de nuestro país".

Capítulo 1

Antes de que la vida se encogiera

Perspectivas un nuevo ciclo
(Seminario internacional CGIL, Roma,
4 de octubre de 2019)

En un contexto en el que todavía sufrimos los efectos de las reformas laborales pensadas para la devaluación interna de nuestros países, nos encontramos en un serio riesgo de desaceleración en la principal economía de la zona euro que, de consolidarse —aunque nada hace pronosticar que así sea—, podría trasladarse al conjunto de la Unión Europea, y puede que hasta llegar a transformarse en una recesión en los próximos trimestres.

¿Por qué digo esto? Porque es absolutamente necesaria una respuesta europea sustancialmente distinta, por no decir radicalmente distinta, a la que se dio con las políticas de austeridad del año 2010. No hemos superado los efectos sociales de aquella segunda recesión “inducida” desde el rigor austericida, y creo que si Europa volviera a caer en una reedición, en una segunda vuelta de las políticas de empobrecimiento salarial, el proceso de deslegitimación del proyecto europeo podría ser definitivo.

Y creo que los sindicatos europeos, la Confederación Europea de Sindicatos, pero también el conjunto de las instituciones europeas en este inicio de mandato de la propia Comisión, tienen la obligación de ir más allá de las políticas monetarias que se desarrollaron y que llegaron tan tarde a nuestro continente y pasar a impulsar políticas fiscales y de rentas mucho más redistributivas en el ámbito europeo.

La rigidez de nuestros tratados dificulta enormemente la implementación de auténticas políticas de redistribución. Hay países que, dentro de la Unión Europea, tienen mayores márgenes fiscales —y más márgenes en sus balanzas comerciales— respecto al conjunto de países que estamos sufriendo algunos de los efectos de las reformas efectuadas desde el año 2010 al 2014, a los que ahora haré referencia.

Tengo la suerte de que Antonio Baylos y Nunzia Castelli hayan hecho una panorámica perfecta de cómo está la situación en España y cómo afectaron las reformas laborales. Aunque los marcos legales, las relaciones laborales y los modelos representativos de los trabajadores sean distintos, aunque los efectos de la negociación colectiva difieran de unos países a otros, deberíamos convenir en que los grandes elementos estratégicos de los sindicatos en los próximos años son muy similares. Voy a tratar de condensarlos en tres.

Uno viene desde hace décadas, y ya se ha explicado. La fragmentación de los procesos productivos y la descentralización de las empresas han tenido como consecuencia que las cadenas de producción de bienes y servicios se hayan troceado poniendo a los propios trabajadores y trabajadoras a competir entre sí, apoyándose para ello en modelos de externalización mediante múltiples formas de precariedad.

Hoy en día en España —aunque lo podríamos trasladar al resto de países europeos— las trabajadoras y trabajadores atípicos, que no tienen un contrato indefinido, que no trabajan a jornada completa, que ni siquiera tienen una relación laboral porque su relación mercantil se establece en plataformas —muchas veces en fraude de ley o en situación más que discutible— ya no constituyen una parte menor del mundo del trabajo. No son las periferias del empleo; en nuestro país prácticamente representan ya la mitad de la clase trabajadora.

El segundo elemento que ha afectado al conjunto de los países europeos, y al que ya se ha hecho referencia, es la ofensiva reformista que tuvo lugar entre los años 2010 y 2014 y que, más allá de las especificidades de cada país, ha convertido el modelo de negociación colectiva y de relaciones laborales en un ente absolutamente subalterno a los intereses de la política económica. Con la reforma no se rompe la autonomía colectiva para desestructurar la negociación colectiva, la relación entre los convenios sectoriales y de empresa porque tengan manía a los sindicatos, que también. Se rompe porque de esta forma la autonomía colectiva, producto del derecho laboral, se sitúa en una posición absolutamente subordinada a las necesidades de la política económica del momento. Esto se produce, además, en un momento en el que, desde la ortodoxia neoliberal, se parte de la necesidad de devaluación salarial en los países que perdimos la soberanía monetaria al integrarnos en el euro. En esta interpretación liberal que ha dominado la política europea de los últimos años, el único factor de devaluación ha sido el de los salarios.

Por tanto, la consecuencia de esto son una serie de reformas laborales muy agresivas. Pero no solo eso. Desde esa lógica de devaluación, si en una nueva coyuntura de ralentización económica fuera necesaria una política salarial anticíclica, tendríamos que abordar la negociación colectiva en un marco normativo pensado para lo contrario de lo que ahora es necesario. No solo desde el punto de vista sindical de redistribución primaria de la riqueza, sino de la propia lógica económica que pretenda canalizar recursos desde el excedente empresarial infrautilizado —no hay más que comprobar los datos de inversión productiva en Europa y compararlos con los norteamericanos o chinos— a la economía real.

¿En qué ha consistido esta reforma a grandes rasgos en España? No me voy a extender porque ya se ha contado, pero considero que algunos elementos son muy importantes, sobre todo en cuanto a la pérdida de autonomía de los agentes sociales para ordenar cómo establecemos las relaciones entre los distintos ámbitos de convenios colectivos.

En España tenemos un sistema de negociación sectorial que abarca y da cobertura a un alto porcentaje de las personas asalariadas. El hecho de que en nuestro país se modificara la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la vigencia indefinida de los mismos, ha puesto en riesgo la propia existencia del convenio colectivo. A falta de acuerdo podía perderse la unidad de negociación. Es verdad que hemos conseguido conjurar ese riesgo, pero aun así han conseguido disminuir la tasa de cobertura en España de una forma apreciable: si antes el 90% de las personas asalariadas tenían un convenio de referencia hoy estamos en el 80%.

Sin embargo, las estadísticas no lo explican todo: mantener ese nivel de cobertura de convenios colectivos nos ha debilitado en las mesas de negociación. Cuando tienes que defender la existencia misma de la herramienta —porque si esta desaparece en un país de empresas de escasa dimensión, la gente se queda sin derechos colectivos— negocias en una peor situación el contenido de esa herramienta. Y aunque es verdad que hemos logrado mantener la tasa de cobertura de convenio colectivo en España, solo en los últimos tres trimestres estamos consiguiendo un aumento salarial que recupere poder adquisitivo. Es decir, ha habido un decalaje de tres años donde la economía crecía por encima del 3%, pero los salarios en España no subían en términos reales. Y esto era porque teníamos el cepo de esa negociación colectiva debilitada.

En tercer lugar, muy importante, todo lo que tiene que ver con la preferencia aplicativa de lo que se pacte en el ámbito de la empresa —incluido el salario— respecto a los ámbitos sectoriales. Esto sí que es potencialmente un golpe de muerte a la negociación colectiva articulada que teníamos en España. Por decirlo todo, tampoco esto ha provocado una generalización de convenios dentro de las empresas.

¿Y quién ha utilizado esta preferencia de aplicación de los convenios de empresa sobre los sectoriales para disminuir los salarios? Un nuevo concepto de empresas multiservicios que se han introducido, sobre todo, en los segmentos de la producción de bienes y servicios de menor valor añadido, que han deteriorado las condiciones de empleo y que han provocado en España la devaluación de los salarios más bajos.

Esto es una absoluta contradicción con lo que en teoría se pretendía hacer con la devaluación salarial. A España y a otros países se nos decía: “Para recuperar equilibrio en vuestras balanzas comerciales tenéis que exportar más, no podéis vivir con un nivel de endeudamiento como el que tenéis (cosa que era una obviedad) y, por tanto, para exportar más, tenéis que devaluar salarios y así ganar mercado exterior y equilibrar la economía de vuestros países”.

¿Qué es lo que ha ocurrido? Que quien más ha sufrido la devaluación salarial, y de forma más persistente, han sido precisamente los salarios más bajos, que no están en general en los sectores exportadores. Estos sectores han adaptado su salario y otras condiciones laborales a través de acuerdos entre empresas y trabajadores, exactamente igual que antes del año 2012, cuando hicieron las reformas laborales. La gente que venía con peores condiciones ha sufrido la precarización más extrema.

Aquí quiero introducir una reflexión sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es un debate vivo ahora en Europa. En España hemos tenido un SMI desde siempre. Sin embargo, era una cantidad muy baja que afectaba de forma marginal al conjunto de los trabajadores. En los últimos tres años el SMI se ha elevado un 30% hasta los 900 euros mensuales, que en términos de salarios de España es evidentemente bajo, pero bastante más alto que los seiscientos treinta y tantos euros que teníamos apenas hace tres años.

El SMI en España no es un salario garantizado desde el poder público con algún tipo de complemento salarial: se trata de una norma que dice que ninguna empresa, ni pública ni privada, podrá pagar menos de 900 euros. En contra de muchas opiniones, el SMI no ha tenido ningún efecto en la destrucción de empleo, y para demostrarlo hemos ofrecido estadísticas que dejan claro que las empresas tenían márgenes de beneficios suficientemente elevados para poder asum...

Índice

• AGRADECIMIENTOS
• PROEMIO. COMISIONES Y LA ENERGÍA, por Enric Juliana
• INTRODUCCIÓN
• CAPÍTULO 1. ANTES DE QUE LA VIDA SE ENCOGIERA
• CAPÍTULO 2. SINDICALISMO EN TIEMPO DE PANDEMIA
• CAPÍTULO 3, DESPUÉS DE LA PANDEMIA
• CAPÍTULO 4. REFORMA LABORAL EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL
• CAPÍTULO 5. UN SINDICATO SOCIOPOLÍTICO
• EPÍLOGO. Y ESPAÑA SALIÓ DEL ERTE
• NOTA