PARTE I: DISCAPACIDAD
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Educación superior e inclusión de estudiantes con discapacidad: retos y recomendaciones
LILIA GUADALUPE LÓPEZ ARRIAGA
1. Introducción
La educación superior actualmente tiene un compromiso universal, el proveer acceso equitativo a los beneficios y programas sociales a todos los ciudadanos, esto incluye la educación como un derecho para todos, lo cual representa una serie de retos. Se espera que las universidades, debido a su misión fundamental de educar, jueguen un papel de liderazgo en este compromiso y logren así la meta de la inclusión. El logro de este compromiso requiere de la identificación de las personas que han sido históricamente subrepresentadas y sistemáticamente excluidas, o que han sido foco de discriminación en diferentes momentos y formas en su paso por el sistema educativo, desde el preescolar hasta los estudios superiores.
México es un país donde el 57 % de la población de estudiantes abandona la escuela antes de ingresar a la preparatoria (OECD, 2019), por lo que incorporarse a los estudios de educación superior se convierte en un viaje difícil, para todos los aspirantes a ingresar a este nivel educativo, independientemente de que los estudiantes presenten o no una discapacidad. Este factor de desventaja para la juventud ya es un reto a cumplir para el sistema de educación media superior y superior.
La educación en México está garantizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma 28-05-2021) en el artículo tercero, que menciona que:
Toda persona tiene derecho a la educación... La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. (p. 5)
Además, establece que la educación será equitativa, inclusiva e integral (incisos e, f y h), lo cual representa un reto y compromiso para el Estado mexicano, ya que le corresponde proporcionar las condiciones que permitan la excelencia educativa (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021).
El 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Educación Superior (Secretaria de Gobernación, 2021), en donde se destaca el artículo tercero como «un derecho que coadyuvar al bienestar y desarrollo integral de las personas» y le otorga al Estado la responsabilidad de desarrollar estrategias para garantizar el acceso a una educación superior en condiciones de igualdad y no discriminación (artículo 4).
En términos legales, la educación superior es una garantía ciudadana para todos. Sin embargo, en términos legítimos, en el funcionamiento cotidiano, la mayoría de las personas con discapacidad no tienen acceso a este nivel educativo. En estas circunstancias, surgen preguntas que permiten realizar análisis que guíen la toma de decisiones en la planeación educativa. ¿Cómo se aplica la ley en las instituciones de educación superior? ¿Qué sucede en las universidades públicas en México que dé cuenta de la igualdad y no discriminación en este nivel educativo? ¿Qué sucede con la población de estudiantes que presentan capacidades diferentes y han sido sistemáticamente excluidos de estos espacios educativos?
La inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior está conceptualizada como un asunto de justicia social, el cual es un concepto en desarrollo constante, donde el punto central de esta perspectiva, da significado a lo que es la participación total y equitativa de todos los grupos sociales en la educación de calidad (Jiménez, Lalueza y Fardella, 2017; Ainscow, 2012; Gewirtz, 1998).
Es por lo anterior que el estado actual de la educación tiene que, desde la perspectiva de justicia social, enfocarse en la obligación de la educación superior de examinar e ir más allá de las injusticias y las estructuras de opresión a que se enfrentan los estudiantes que han sido históricamente excluidos o subrepresentados en este nivel educativo. Es conocido que el tema de la discapacidad no ha recibido la justa atención en discusiones que consideran la interseccionalidad (identidades sociales múltiples que dan forma a la experiencia), como parte de la diversidad y además, el tema no forma parte de los discursos políticos que garantizan que las instituciones de educación superior den el ejemplo a seguir en cuanto a la práctica de la justicia social y el liderazgo en lo que se entiende como inclusión (Erevelles y Minear, 2010; Goodley, Lawthom y Runswick-Cole, 2014; Annamma, Ferri y Connor, 2018).
Existen esfuerzos para asegurar la inclusión, además de que representan retos a resolver, en este sentido se asume que estos presentan las siguientes características: un entendimiento de los principios de diversidad, equidad e inclusión; la habilidad de identificar fuentes de discriminación; la disposición para obtener información y analizar el impacto de las prácticas discriminatorias; desarrollar planes que fomenten las relaciones; involucrar a las personas y comunidades, e institucionalizar los sistemas de provisión y de apoyos (Pugh y Doyle, 2019). Se asume que esta aproximación para la inclusión de personas con discapacidad requiere cambios en los sistemas de gobernanza de las instituciones, los cuales afectarán las partes involucradas en la educación universitaria, sobre todo en lo relacionado con la necesidad de reconocer la diversidad y entender las diferencias que caracterizan a la comunidad en la que están inmersos los estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo, así como el contexto social y económico que rodea a las universidades. Bossu y Stagg (2018) se refieren a este proceso como una forma de ampliar la participación, disminuir los costos, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, promover la inclusión social y la participación en la democracia.
2. Perspectivas teóricas sobre la discapacidad
Existen varias perspectivas teóricas que se pueden revisar, ya que conceptualizan la diversidad en general y la discapacidad en específico. Entender la diversidad es un prerrequisito de conocimiento básico para lograr la equidad en todos los contextos, sobre todo en el educativo. La perspectiva del pensamiento deficitario (deficit thinking) de Valencia (1997) destaca cómo los sistemas educativos basan sus experiencias de fracaso en las características de los estudiantes en cuanto a habilidades intelectuales, diferencias en lenguaje o en la poca motivación de estos, como causas principales. Esto es un ejemplo de lo que se conoce como «culpar a la víctima» y la opresión que resulta del abuso de poder de las instituciones sobre aquellos que ya están en desventaja, se construyen falsas narrativas sobre cómo las características individuales y los estándares de conducta son las formas históricamente sistematizadas de discriminación y de reproducción de creencias en las universidades.
Esta perspectiva nos permite ver cómo la falta de equidad en la educación superior ha resultado en un sistema educativo ineficiente que excluye la diversidad. Se requiere que el concepto de diversidad sea el centro de la planificación y de los esfuerzos institucionales para realizar el cambio que requiere la educación equitativa e incluyente.
Otra perspectiva que aborda la diversidad como eje central para el logro de la emancipación y la tr...